Merlys Oropeza, de 24 años, fue acusada de incitación al odio tras publicar un mensaje crítico en medio de la crisis postelectoral en Venezuela. Su caso genera alarma entre organizaciones de derechos humanos.
Merlys Oropeza, una joven venezolana de 24 años, fue condenada a 10 años de prisión por un mensaje publicado en su estado de WhatsApp, en el que criticaba la situación política de su país. La sentencia, emitida el pasado 18 de junio, ha generado fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian un uso excesivo de la legislación para reprimir la libertad de expresión.
La publicación fue hecha el 9 de agosto de 2024, apenas once días después de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que inicialmente se reconoció la victoria del candidato opositor Edmundo González. Sin embargo, el oficialismo terminó declarando su propio triunfo, lo que desató protestas y denuncias de fraude electoral.
En ese contexto de tensión política, Merlys escribió en su estado de WhatsApp:
«Estas son las palabras de la jefe del CLAP de Las Carolinas, calle 4. Qué triste ver a personas que prefieren la bolsa de gorgojos al futuro de sus hijos».
Este mensaje, dirigido a una líder local del Consejo Comunal y jefa del programa de distribución de alimentos CLAP, fue considerado por las autoridades como una incitación al odio, delito por el cual fue arrestada y finalmente condenada.
Desde su celda, Merlys escribió una carta a mano a sus padres, en la que expresa su dolor y angustia.
«Estoy aquí en un lugar oscuro, encerrada no solo en cuatro paredes, sino por el peso de mi culpa y mi tristeza», dice uno de los fragmentos de la carta, en la que también pide perdón a su familia y confiesa sentirse emocionalmente destruida.
El caso ha sido ampliamente criticado por organismos de derechos humanos, quienes advierten que esta condena representa un peligroso precedente de criminalización del pensamiento crítico, incluso en plataformas privadas como WhatsApp. Según ellos, el encarcelamiento de Merlys es una muestra más del deterioro de las libertades civiles en Venezuela y del creciente uso del aparato judicial como herramienta de represión política.
