Pese a la sensación que reina entre los caleños de que los entes de control abandonaron a su suerte la capital del Valle, tampoco han podido ser indiferentes ante la ola de presuntos casos de corrupción, en el gobierno de Jorge Iván Ospina, que han destapado dirigentes, organizaciones y medios de comunicación.
Según información de la Procuraduría General, contra el alcalde cursan 14 investigaciones por presuntas violaciones al Código Único Disciplinario, a través del cual se sancionan los actos de corrupción en los que pudieran incurrir los servidores públicos.
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La mayoría, relacionadas con irregularidades en los convenios interadministrativos con Emcali, el alumbrado móvil en pandemia y la Feria virtual, en la que se invirtieron más de $ 12.000 millones y donde la Contraloría de Cali halló un detrimento patrimonial por más de $ 5.200 millones.
Uno de los denunciantes es Jorge Alberto Criales, miembro de la Junta Directiva de Corfecali y quien fue la única persona que se opuso al millonario contrato con la Alcaldía.
“No me parecía pertinente hacer un derroche de recursos en una feria virtual y en época de pandemia: ese dinero debió utilizarse en otras necesidades que tenía la ciudad; en enero, antes de que estallara el escándalo, le envié un oficio a la Procuraduría pidiéndole investigar lo sucedido con la feria virtual porque supimos de una serie de irregularidades como conciertos que terminaron siendo grabaciones y varios contratos que no fueron los más ortodoxos”, indicó Criales.
Además de los cuatro procesos penales que arrastra desde su primer gobierno el alcalde Ospina, y que ajustan 12 años sin decisión de la Fiscalía, hay cinco denuncias más que se originaron en sus actuaciones en el actual mandato.
Tres de ellas han sido presentadas por el abogado Élmer Montaña, por presunta corrupción con los dineros del alumbrado navideño, el convenio interadministrativo con Emcali y el favorecimiento a un primo del alcalde Ospina que es uno de los mayores contratistas del Municipio.
“Denuncié el alumbrado navideño porque el Alcalde fue quien firmó el convenio con Emcali y lo hizo sabiendo que esa empresa no prestaba ese servicio y que lo que ha hecho siempre es tercerizar; además, incurrieron en una falsedad porque citan en el contrato un fallo de la Corte Constitucional en el que adulteran el análisis e invierten el sentido”, asegura Montaña.
Solo en las 4 auditorías y 15 actuaciones especiales por denuncias fiscales que realizó la Contraloría de Cali, a través de la Dirección Técnica ante la Administración Central, entre enero y septiembre del año en curso se encontraron 158 hallazgos por algún tipo de irregularidad en distintas dependencias del gobierno Ospina.
De esos hallazgos, 106 fueron administrativos; 44, de carácter disciplinario; 2, de índole penal, y 6 con incidencia Fiscal, en los que están comprometidos cerca de $950 millones. Igualmente, hay 4 hallazgos sancionatorios.
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La mayoría de esos hallazgos surgieron de la auditoría que en materia financiera y de gestión se hizo en el año 2021 al gobierno Ospina y sobre los presuntos malos manejos desde la Secretaría de Seguridad y Justicia con el tema de las alarmas comunitarias y las cámaras de vigilancia.
Mediante traslados se tienen en la Contraloría de Cali otros 30 procesos en los cuales están comprometidos recursos por otros $8.660 millones, la gran mayoría por irregularidades en la Alcaldía y dependencias como el Dagma, las secretarías de Movilidad, Seguridad y Justicia, Educación, Bienestar Social, Infraestructura, en Metrocali y en la Empresa Municipal de Renovación Urbana (Emru).
En varios casos por irregularidades como pago por obras no realizadas, otras que no funcionaron luego de terminadas, compra de elementos que no se necesitaban e inconsistencias y sobrecostos en los valores.