Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, fue designado por sorteo como ponente del estudio del Decreto 0639, con el que Gustavo Petro convocó una consulta popular para el 7 de agosto. Jorge Enrique Ibáñez asumirá revisión del ‘decretazo’ de Petro en la Corte Constitucional.
El togado deberá estudiar la constitucionalidad del decreto presidencial, ordenar pruebas y solicitar conceptos jurídicos. Su ponencia será debatida entre los nueve magistrados del alto tribunal.
El anuncio coincide con un fuerte llamado del propio Ibáñez en defensa de la independencia judicial. En la posesión de la magistrada Lina María Escobar, el magistrado afirmó que la Corte es un contrapeso para garantizar la supremacía de la Constitución. “Ninguna persona ni institución está por encima del orden jurídico superior”, sentenció.
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado: dos caminos abiertos
El decreto que firmó Petro, tras el hundimiento de la consulta popular en el Senado, tiene caminos legales paralelos. Mientras la Corte Constitucional estudia la validez constitucional del Decreto 0639, el Consejo de Estado analiza demandas que piden su nulidad.
El presidente invocó la excepción de inconstitucionalidad para ignorar la votación del Senado y justificar la consulta popular por decreto. Pero esa figura no reemplaza al Congreso, y ahí radica el debate.
Ocho partidos ya demandaron el decreto ante el Consejo de Estado. A la par, la Procuraduría abrió indagaciones preliminares contra los ministros que firmaron el documento, y se radicaron denuncias penales por prevaricato ante la Corte Suprema.
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El pulso político y jurídico por la consulta popular; Jorge Enrique Ibáñez asumirá revisión del ‘decretazo’ de Petro en la Corte Constitucional
La consulta propuesta contiene 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral, formalización de trabajadores, beneficios para mujeres y el agro. Pero el eje del escándalo no es el contenido, sino el procedimiento.
Petro convocó a las urnas sin el aval del Congreso. Sus opositores lo acusan de burlar la separación de poderes y de poner en riesgo el Estado de derecho. Entre los ministros que firmaron el decreto hay varios encargados, como Laura Sarabia y Edwin Palma.
La senadora Paloma Valencia y el concejal Daniel Briceño presentaron denuncias por prevaricato. El representante Óscar Villamizar también pidió investigar a todo el gabinete.
Si el magistrado Ibáñez declara inexequible el decreto, la consulta no podrá realizarse y el Gobierno deberá buscar otros caminos: enviar una nueva propuesta al Congreso, iniciar recolección de firmas o insistir en la convocatoria de una constituyente, como ha insinuado el presidente.
