Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) al contrato de construcción del puente sobre la carrera 5ª con calle 60 en Ibagué ha puesto al descubierto graves irregularidades en su planeación y ejecución. El informe de la CGR, divulgado el 5 de noviembre de 2024, señala que desde el inicio, el proyecto estuvo mal presupuestado y estructurado, lo que hacía inviable su realización. Las anomalías, que incluyen falencias en la planificación de actividades complementarias esenciales, demuestran que el proyecto fue mal concebido desde el principio.
El contrato, suscrito el 19 de abril de 2023, tenía como objetivo la construcción de un puente elevado y su intersección, como parte de un plan integral para mejorar el tráfico en la zona. Sin embargo, la Contraloría identificó que no se incluyeron en el presupuesto inicial actividades cruciales, como intervenciones rápidas en vías alternas y la instalación de una red eléctrica provisional. Estos elementos fueron incluidos posteriormente mediante actas de mayores y menores cantidades, lo que causó un desajuste financiero en el proyecto.
Según el informe, la falta de previsión en la planificación del presupuesto obligó a realizar modificaciones contractuales y a solicitar adiciones al valor del contrato, lo que generó un déficit aproximado de $1.500 millones. La CGR también destacó que, a pesar de que el contrato tenía un plazo de ejecución de ocho meses, tres meses después de su inicio, aún no se había comenzado la construcción del puente, lo que pone en evidencia la deficiencia en la ejecución del proyecto.
Pese a que se embolsó el dinero “mal invertido”, hasta el momento no se han evidenciado recientes obras.
El análisis de la Contraloría revela además que el anticipo de $11.7 mil millones otorgado al contratista no se usó adecuadamente, ya que se encontraron pagos sin los debidos soportes, lo que podría generar un daño patrimonial cercano a los $3 mil millones. La falta de una fiducia o patrimonio autónomo para el manejo de estos recursos también es una violación de las normativas establecidas por la Alcaldía de Ibagué.
A raíz de estos hallazgos, la CGR ha notificado a la alcaldesa Johana Aranda para que responda por las irregularidades detectadas. Además, se está evaluando la posible incidencia disciplinaria y fiscal derivada de la mala gestión del contrato. La Contraloría ha hecho un llamado a la Alcaldía para corregir estas fallas y evitar mayores pérdidas para la ciudad. Este escándalo subraya las debilidades en la gestión de obras públicas en Ibagué y plantea serias preguntas sobre la capacidad de la administración municipal para manejar proyectos de infraestructura de gran envergadura. Las autoridades deberán responder por estas irregularidades y tomar las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
