La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sancionó con ocho años a siete exjefes de las Farc por secuestro. Esta decisión histórica marca la primera sentencia restaurativa desde la creación de la JEP tras el Acuerdo de Paz de 2016.
Los sancionados y el macrocaso 01
Los siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc son responsables de 21.936 casos de secuestro, según la JEP. La sanción se da en el marco del macrocaso 01, que investiga las tomas de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por la antigua guerrilla.
Los sancionados son Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”; Jorge Torres Victoria, “Pablo Catatumbo”; Pastor Lisandro Alape Lascarro, “Pastor Alape”; Milton de Jesús Toncel, “Joaquín Gómez”; Jaime Alberto Parra, “El médico”; Julián Gallo Cubillos, “Carlos Antonio Lozada”; y Rodrigo Granda Escobar, “Ricardo Téllez”.
Crímenes reconocidos y responsabilidades asumidas
La JEP declaró a estos exlíderes “penalmente responsables” por crímenes de guerra y lesa humanidad. Entre estos, la toma de rehenes, homicidios, desapariciones forzadas y privaciones graves de la libertad.
Además, la justicia transicional los señaló como responsables por mando de los crímenes cometidos por las unidades bajo su control. La Sección de Reconocimiento de Verdad les imputó otros delitos graves, como tortura, trabajos forzados y violencia sexual.
Impacto y contexto de los secuestros
La JEP destacó que estos secuestros fueron usados para financiar a la guerrilla, forzar intercambios de prisioneros y controlar a la población civil. Más de 4.325 víctimas fueron acreditadas en todo el país.
Estos crímenes fueron considerados de lesa humanidad por su carácter sistemático y generalizado, afectando a personas de todos los estratos, edades y géneros. La justicia afirmó que estas acciones violaron gravemente la ley y dejaron heridas profundas.
Primera sentencia restaurativa y mensaje de la JEP
La lectura de la sentencia comenzó con palabras del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP. Destacó que es la primera vez que exintegrantes de una organización al margen de la ley aceptan su responsabilidad en crímenes graves.
“Los reconocimientos y aportes a la verdad liberan y la justicia se traduce en acciones concretas en los territorios afectados”, afirmó Ramelli. La sentencia deja atrás eufemismos y asume las responsabilidades de estos crímenes.
Esta sanción de la JEP marca un hito en la justicia transicional colombiana, mostrando un compromiso con la verdad y la reparación a las víctimas. La decisión se espera que impulse procesos similares para los otros 34 exmiembros imputados.
