JEP cierra una vía judicial a exFARC y avanza hacia primera sanción en caso de secuestros

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Bogotá, agosto de 2025 – La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó una tutela interpuesta por exintegrantes del antiguo Secretariado de las FARC-EP, anunciando que el juicio por secuestros en su contra continuará su curso sin interrupciones. La Sección de Revisión declaró el recurso como improcedente, al considerar que aún persisten mecanismos procesales dentro del sistema transicional para resolver sus controversias.

¿Qué motivó el recurso?

El pasado 24 de julio, antiguos jefes guerrilleros —incluyendo a Rodrigo Londoño (“Timochenko”), Pastor Alape, Julián Gallo, entre otros— presentaron una tutela argumentando violaciones al debido proceso, a la defensa, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad. También buscaron modificar calificaciones jurídicas que incluían delitos como esclavitud y toma de rehenes, y exigieron una resolución única de conclusiones para cada procesado.

Decisión de la JEP

La JEP rechazó las pretensiones al considerar que:

  • El proceso aún no ha alcanzado la etapa final, y existen instancias internas de defensa, como la apelación ante la Sección de Apelación.
  • La solicitud de una resolución única no es obligatoria según la normativa transicional —pueden emitirse ampliaciones si surgen nuevos hechos— y no vulnera la coherencia ni el principio non bis in idem.
  • Se descartaron los reclamos sobre presuntos conflictos de competencia entre salas y la intención de limitar la participación de las víctimas o frenar la legitimidad del modelo restaurativo.

Próximos pasos

La decisión despeja el camino para que el macrocaso 01, relacionado con los crímenes de secuestro, avance hacia la imposición de sanciones propias. Se prevé que la primera sentencia se emita a finales de septiembre, tras agotarse las etapas procesales correspondientes.

Marco institucional

La JEP, creada tras los acuerdos de paz con las FARC-EP, es el mecanismo de justicia transicional encargado de investigar y sancionar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado, priorizando la verdad, la reparación y la no repetición. Ha impulsado varios macrocasos emblemáticos, y su presidencia actual está a cargo de Alejandro Ramelli Arteaga.


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