La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) extendió por seis meses las medidas cautelares sobre los cementerios donde, se presume, hay cuerpos de personas víctimas de desplazamiento forzado.
Los lugares son los cementerios de San Agustín y San Diego, ambos en Samaná; el Maximiliano María Kolbe y Pradera en Victoria; el cementerio central de Norcasia; y el central de La Dorada (Caldas). La decisión fue anunciada por la Sección al finalizar la audiencia en la que también participó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Las medidas consisten en evitar exhumaciones o entierros no autorizados por la JEP para no truncar el trabajo de recolección de material fósil y lograr, en caso tal, las identificaciones de los cuerpos que estarían ahí enterrados.
La Sección también ordenó a los personeros de Samaná, Victoria, Norcasia y La Dorada, la elaboración y presentación, en el transcurso de cinco días, de un plan de acción que incluya un cronograma mediante en el cual se analicen y corrijan las diferencias entre las declaraciones por el delito de desaparición forzada.
Medicina Legal explicó que tiene 274 cuerpos no identificados en Samaná, Victoria, Norcasia y La Dorada (Caldas) y según el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas de la Fiscalía, se ha realizado la identificación y entrega digna de 7 personas en el municipio de Victoria, Caldas.
Además, se encuentran en proceso de identificación 6 casos en Victoria, 14 en Samaná, 2 en Norcasia y 3 en La Dorada. La Unidad de Búsqueda, en desarrollo del plan Regional, ha tomado 364 muestras de ADN para el cotejo e identificación de familiares desaparecidos, de las cuales 240 ya fueron incluidas en el banco de perfiles.