La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento de 23 exmilitares que eran procesados en la justicia ordinaria por su participación en dos asesinatos de civiles que hicieron pasar como bajas en combate.
Aunque por ahora su proceso será distinto, se suman a los diez exmiembros del Ejército y un civil que reconocieron su participación en la práctica de falsos positivos y que están a la espera de convertirse en los primeros máximos responsables del conflicto en recibir sentencia en la JEP.
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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó a los 23 comparecientes, entre los que hay dos mayores, dos cabos segundos, un cabo primero y dieciocho soldados profesionales, todos en condición de retiro.
Si bien los falsos positivos por los que enfrentan a la justicia sucedieron en Catatumbo y ya fueron abordados en el macrocaso 03, que investiga estos hechos, aún la Sala de Reconocimiento de Verdad no ha imputado a alguno de estos militares retirados como máximo responsable.
Así las cosas, “el proceso para resolver la situación jurídica de estos militares retirados continúa en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas”, explicó la JEP en un comunicado. Es decir, será en esa sala donde los 23 exintegrantes del Ejército deberán aportar verdad que esclarezca hechos de la guerra, proponer un plan para reparar a sus víctimas y recibir alguna forma de sanción. No en la Sala de Reconocimiento, que es la encargada de definir los patrones macrocriminales del conflicto y sus máximos responsables.
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Ahora bien, los hechos por los que fueron aceptados sí que tienen que ver con los hallazgos de esa sala. En primer lugar, está el asesinato de cinco jóvenes que entre enero y agosto de 2008 fueron trasladados desde Soacha hasta Ocaña (Norte de Santander), donde fueron asesinados por miembros de la Brigada Móvil N° 15, que tiene sede en ese municipio del Catatumbo. Las víctimas fueron: Julio César Mesa, Jhonatan Orlando Soto, Diego Alberto Tamayo, Víctor Fernando Gómez y Jader Andrés Palacio.
Asimismo, estarían relacionados con los asesinatos en Otaré, Ocaña, en febrero de 2008 de Daniel Alexander Martínez, Diego Armando Marín Giraldo y el menor de edad Jaime Estiven Valencia Sanabria. “Los hechos por los que son aceptados en la JEP estos miembros de la fuerza pública se suman al patrón criminal abordado por el subcaso Norte de Santander del caso 03″, añadió la JEP en el comunicado con el que anunció su decisión.