Va creciendo el nuevo escándalo del Gobierno del presidente, Gustavo Petro. Las supuestas interceptaciones ilegales, denunciadas el pasado domingo por el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, parecieran ser apenas la punta de una actuación irregular que se habría extendido a otras dignidades como la JEP.
De ello, según la denuncia del magistrado estarían detrás “órganos de inteligencia oficial uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”,
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Pocas horas después del remolino político y judicial por la resucitada y temerosa práctica de las ‘chuzadas’ se conoció un comunicado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que solicita a la Fiscalía General y a las autoridades competentes iniciar las investigaciones tendientes a establecer si en efecto y como desde allí lo sospechan, los magistrados de esa jurisdicción transicional también estarían siendo víctimas de las interceptaciones.
“Lo anterior sumado a que algunos medios de comunicación expusieron que algunos Magistrados y Magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– también han manifestado su sospecha de ser objeto de presuntas interceptaciones ilegales”, se lee en un comunicado de ese tribunal.
La denuncia del magistrado Ibáñez, quien la semana pasada en sala Plena expuso el caso a sus demás compañeros y ante la Fiscalía radicó la respectiva denuncia, despertó todas las alertas y como era de esperarse, propició el respaldo unánime de las cuatro altas cortes en pleno.
“Rechazamos con vehemencia los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”, se lee en el comunicado conjunto firmado por los presidentes de las Cortes.
La que ha sido catalogada como una actuación valiente por parte del magistrado Ibáñez abrió la puerta para que sus similares, como los magistrados de la JEP, expresen su evidente preocupación toda vez que de probarse que estén siendo interceptados, el país estaría frente a una violación al ejercicio autónomo del poder judicial desde el ejecutivo.
“La JEP no puede dejar de expresar su preocupación, ya que, de comprobarse esta situación, se afectaría su independencia y autonomía; además se configuraría una grave contradicción de los principios democráticos que soportan el Estado Social y Democrático de Derecho adoptado por Colombia; así como una clara amenaza a la seguridad de los Magistrados y Magistradas de esta Jurisdicción”, añade el comunicado.
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Desde esa jurisdicción especial lamentan estar una vez más ante un escenario que pone en riesgo el ejercicio profesional y sus propias vidas. Recordaron que en el año 2023 los magistrados recibieron amenazas por adelantar las funciones que constitucional y legalmente les fueron asignadas.
“La gravedad de los hechos impone que se realice una verificación de las causas que los motivaron, así como para determinar a los responsables (…) que los recursos dispuestos para avanzar en los actos investigativos frente a los hechos denunciados por la Corte Constitucional, se extiendan a los hechos que afectan a los Magistrados y Magistradas de la JEP”, solicitan a las autoridades.
Mientras tanto, la Fiscalía da avisos de celeridad en el caso, al menos en lo que refiere a la denuncia del magistrado Ibáñez.
Justamente, en la tarde-noche del lunes, en las instalaciones del Palacio de Justicia-lugar elegido para reivindicar la dignidad que asiste al magistrado Ibáñez-el fiscal Hernando Barreto, coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, tomó la ampliación de su denuncia, recibió el material probatorio y escuchó al detalle la información que al respecto tenía el magistrado. Esta diligencia duró al menos cuatro horas.