Takahiro Shiraishi, de 34 años, fue ahorcado este viernes en Japón. Lo condenaron a muerte por asesinar y desmembrar a nueve personas que contactó a través de Twitter, hoy llamada X. Se trata de la primera aplicación de la pena capital en ese país desde 2022.
El horror comenzó en Halloween
La policía descubrió los asesinatos en octubre de 2017, mientras investigaba la desaparición de una joven de 23 años. Su hermano accedió a su cuenta de Twitter y condujo a los agentes hasta la casa de Shiraishi, en los suburbios de Tokio. Allí hallaron 240 fragmentos de huesos escondidos en neveras portátiles y cajas de herramientas, cubiertos con arena para gatos.
Durante el registro, también incautaron cuchillos, tijeras, sierras y otros elementos de carpintería. Las víctimas, de entre 15 y 26 años, habían expresado pensamientos suicidas en redes sociales. Shiraishi se ofrecía a “ayudarlas a morir”, pero terminaba asesinándolas.
Un crimen sexual, violento y calculado
Shiraishi confesó los nueve asesinatos. El ministro de Justicia, Keisuke Suzuki, explicó que el hombre golpeó, estranguló, robó, violó y mutiló a sus víctimas. Guardó partes de los cuerpos y arrojó otras a un vertedero. Según Suzuki, actuó para satisfacer “deseos sexuales y financieros”. Afirmó que los crímenes “conmocionaron al país” y que, tras una reflexión, ordenó su ejecución.
Condena confirmada por la justicia
En 2020, un juez lo condenó a muerte. Los abogados pidieron prisión, argumentando que las víctimas habían consentido morir. El tribunal rechazó esa idea y calificó sus actos como “astutos y crueles”. Señaló que el asesino se aprovechó de personas vulnerables y pisoteó su dignidad.
Japón mantiene la pena de muerte
El país practica la pena capital por ahorcamiento. En 2024, una encuesta oficial reveló que el 83 % de los ciudadanos la considera “inevitable”. Aunque la ley exige ejecutar al reo seis meses después del fallo, muchos pasan años en el corredor de la muerte. En Japón, los presos suelen conocer la fecha de su ejecución apenas unas horas antes.
Pese al respaldo popular, organizaciones cuestionan la falta de transparencia en este sistema y critican el trato a los condenados.
