La defensora del Pueblo, Iris Marín, encendió nuevamente las alarmas nacionales tras confirmar la grave situación de orden público que enfrenta Jamundí. Según explicó, amplios sectores rurales continúan bajo la fuerte influencia de las disidencias lideradas por Iván Mordisco. La funcionaria advirtió que las comunidades campesinas viven en medio del miedo y las constantes amenazas. Además, denunció que persiste una preocupante ausencia institucional en varias zonas estratégicas. El pronunciamiento aumentó la presión sobre el Gobierno Nacional frente a la crisis de seguridad.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las estructuras armadas ilegales mantienen control territorial en distintos corregimientos del municipio vallecaucano. Asimismo, las denuncias indican que estos grupos estarían reclutando menores de edad y ejerciendo extorsiones contra comerciantes y familias rurales. Líderes sociales aseguran que la presencia armada es permanente y que muchas comunidades viven confinadas por temor a represalias. Mientras tanto, habitantes de Jamundí afirman que en algunos territorios la autoridad no la ejerce el Estado. Esta situación ha generado fuertes cuestionamientos sobre la efectividad de la política de seguridad nacional.
Las declaraciones de Iris Marín también reabrieron el debate político alrededor de la estrategia de la llamada “Paz Total” impulsada por el Gobierno. Sectores políticos y organizaciones sociales del Valle del Cauca consideran que los diálogos con grupos armados no han frenado la expansión de la violencia en el suroccidente colombiano. Además, advierten que las comunidades rurales continúan denunciando intimidaciones, amenazas y abandono estatal. La Defensoría pidió acciones urgentes para evitar que la crisis siga escalando en una región considerada estratégica por las disidencias. Entre tanto, aumenta la preocupación ciudadana por el deterioro de la seguridad en Jamundí y otras zonas cercanas.
