El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue enviado este sábado a prisión preventiva por orden del juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, debido a un riesgo claro de fuga. Hasta ese momento, Bolsonaro cumplía prisión domiciliaria desde agosto de 2025 en un exclusivo condominio de Brasilia, vigilado mediante un dispositivo electrónico de rastreo. Esta medida cautelar se impuso inicialmente por sospechas de que el exmandatario intentaba obstruir el proceso judicial en su contra.
Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de prisión, acusado de conspirar para evitar que el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder tras las elecciones de 2022, en las que fue derrotado. Sin embargo, la decisión de este sábado no corresponde a la ejecución de dicha condena, sino a la imposición de prisión preventiva por nuevos elementos que indicaban que Bolsonaro intentaba huir del país.
El juez Moraes fundamentó su decisión en varios hechos recientes. Uno de ellos es la convocatoria a una vigilia pública hecha por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente. Según el magistrado, dicha manifestación estaba diseñada como una estrategia para generar confusión y facilitar una posible fuga. Además, en la madrugada, Bolsonaro habría intentado romper el dispositivo electrónico que monitoreaba sus movimientos, un acto que reforzó la sospecha de que planeaba escapar, posiblemente hacia la zona diplomática de Brasilia, donde se encuentra la Embajada de Estados Unidos, ubicada a unos 15 minutos en carro de su residencia.
Tras la decisión judicial, Bolsonaro —de 70 años y con un estado de salud delicado, según su defensa— fue trasladado a las instalaciones de la Policía Federal en Brasilia, donde se realizan primeros exámenes médicos antes de enviar a los detenidos a un centro penitenciario.
A pesar de su situación legal, Bolsonaro continúa siendo una de las figuras principales de la derecha y ultraderecha brasileñas, conservando un fuerte respaldo entre sus seguidores. Su equipo de defensa anunció que presentará nuevos recursos para intentar anular o reducir la condena, cuyo plazo de apelación vence el lunes.
Este nuevo episodio agrava el ya complejo panorama político de Brasil, donde el proceso judicial contra el expresidente sigue generando tensiones, movilizaciones y fuertes reacciones dentro del espectro político.
