El Representante a la Cámara, Jaime Rodríguez, formalizo una nueva denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga Cardona. Esta segunda denuncia se centra en presuntos delitos que incluyen la celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y falsedad en documento público y privado.
Irregularidades
La denuncia presentada por Rodríguez se sustenta en un esquema de direccionamiento indebido de contratos, así como en la falsificación de documentos y la implementación de sobrecostos que superarían los diez mil millones de pesos ($10.000.000.000) en la adquisición de filtros para la potabilización de agua. Estos fondos, que debían utilizarse para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, provenían del Fondo de Seguridad, regalías y la Estampilla Pro-Ancianato, recursos que estaban destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Meta. Rodríguez enfatizó que «es inaceptable que los recursos públicos, destinados a proteger a la ciudadanía, sean utilizados para beneficio personal».
Antecedente
Esta denuncia se suma a una anterior radicada por Rodríguez, en la que se mencionaba el mal manejo de más de doce mil millones de pesos ($12.000.000.000) provenientes de las regalías en el sector agropecuario. Según Rodríguez, estos recursos deberían haber impulsado el desarrollo del campo, pero fueron desviados para fines personales.
Llamado
Rodríguez ha manifestado su confianza en que tanto la Fiscalía como la Contraloría General de la República actúen con rapidez y rigor para garantizar que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes. «Confiamos en que las autoridades actuarán con la celeridad necesaria para recuperar los recursos malversados», declaró el representante, subrayando la importancia de que se haga justicia y se restituya la confianza en el manejo de los fondos públicos.
A medida que se desarrollen las investigaciones, la comunidad espera que la Fiscalía y la Contraloría realicen un seguimiento minucioso de las acusaciones. La lucha contra la corrupción y la defensa de la transparencia en la gestión pública deben ser una prioridad para todos los representantes y líderes políticos en la región, garantizando así el uso adecuado de los recursos que pertenecen a la ciudadanía.
