El gobierno israelí aprobó un plan para «conquistar» la Franja de Gaza y mantener su control de forma indefinida. La medida incluye la expulsión de la población palestina bajo el pretexto de «emigración voluntaria» y la imposición de un control permanente. Esta ofensiva ha causado más de 51.000 muertes palestinas y ha agravado la crisis humanitaria con la suspensión de toda ayuda. El plan ha sido calificado como violatorio del derecho internacional y ha sido rechazado por la ONU, varios países europeos y árabes.
La decisión se da en el contexto de una ofensiva militar que ha dejado más de 51.000 muertos palestinos desde octubre de 2023. La comunidad internacional ha condenado estas acciones, calificándolas como posibles crímenes de guerra y violaciones al derecho internacional humanitario. Además, la crisis humanitaria se ha agravado por el bloqueo de la ayuda y el colapso total de la infraestructura local.
Organismos como la ONU, la Unión Europea y varios países árabes han exigido a Israel revertir esta política y permitir la entrada de asistencia humanitaria. Sin embargo, el gobierno de Benjamín Netanyahu continúa firme en su postura, argumentando que es necesario garantizar la seguridad del Estado israelí. Las tensiones en Medio Oriente siguen escalando, y se teme una nueva ola de violencia regional.
