Irregularidades en la personería de Cali

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Irregularidades en la personería de Cali

El nombramiento del nuevo personero de Cali, Gerardo Mendoza, ha suscitado controversia tras sus revelaciones sobre la gestión de su antecesor, Harold Cortés Laverde.

 Mendoza ha expuesto que hasta un 32% del personal de la entidad fue contratado por Cortés Laverde poco antes de dejar el cargo, una acción que Mendoza calificó como poco ética.

Preocupación 

La preocupación de Mendoza radica en que, al asumir el cargo, esperaba encontrar una transición más limpia, con la oportunidad de formar su propio equipo de trabajo. Sin embargo, se encontró con una situación contraria: contratos que se extienden más allá de la fecha de partida de su predecesor, lo que dificulta la implementación de sus ideas y la dinámica que desea establecer en la Personería.

El nuevo personero destacó que, a pesar de la fecha límite del 29 de febrero para la gestión de Cortés Laverde, algunos contratos tienen vigencia hasta julio, y otros hasta diciembre. Esta prolongación de los contratos evidencia una falta de consideración hacia la transición administrativa y la autonomía que se espera para un nuevo líder en la institución.

Actividades

Mendoza dejó claro que, si bien los contratos deben cumplirse por el compromiso legal entre la Personería y el personal contratado, estará vigilante para garantizar que las actividades realizadas por estos contratados se alineen con los objetivos y propósitos de la institución.

Esta postura refleja su determinación de llevar a cabo una gestión transparente y efectiva, a pesar de las condiciones desfavorables que heredó.

La crítica principal de Mendoza se centra en la percepción de que su antecesor no respetó los límites temporales adecuados para la contratación de personal, lo que podría interferir con la capacidad del nuevo liderazgo para implementar sus propias políticas y estrategias.

Esta situación subraya la importancia de la ética y la responsabilidad en la transición de poder en las instituciones públicas, y destaca la necesidad de establecer prácticas transparentes y coherentes en la gestión del personal y los recursos públicos.


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