La administración municipal nuevamente se encuentra en el ojo del huracán y genera preocupación social.
La administración municipal de Fusagasugá, bajo el liderazgo del alcalde William García Fayad, se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusada de adulteración de cifras en informes oficiales. Esta situación fue destapada durante un control político en el que la concejal Elizabeth Sánchez presentó una serie de presuntas inconsistencias en los informes de la dirección de solidaridad, lo que ha encendido alarmas sobre la transparencia en la gestión pública del municipio.
Ciudadanía
La concejal Sánchez, en un llamado a la responsabilidad, enfatizó la gravedad de la situación, argumentando que la manipulación de cifras no solo pone en riesgo la confianza de la ciudadanía, sino que también compromete recursos que son vitales para el bienestar de la comunidad. En este contexto, el concejal Jeison Rojas advirtió sobre las implicaciones legales que podrían surgir de estas irregularidades, señalando que la falsedad en documentos públicos constituye un delito grave. “Es fundamental que se tomen medidas contundentes para esclarecer estos hechos”, subrayó Rojas.
Ante esta crisis de confianza, la concejal Sánchez exigió que se remita el acta de la sesión a los entes competentes para que se inicie una investigación exhaustiva sobre las denuncias. “La ciudadanía tiene derecho a saber la verdad y a que se tomen acciones que garanticen la transparencia en la administración pública”, afirmó.
A la par de estas acusaciones, la comunidad de Fusagasugá ha enfrentado otro duro golpe: el cierre del banco de alimentos. Este cierre representa una pérdida significativa para aquellos que dependían de esta institución para acceder a alimentos básicos, en un contexto donde la crisis social se hace cada vez más palpable. En un gesto simbólico, el concejal Guillermo Benedetti Dussan propuso un minuto de silencio en honor a la institución, destacando la importancia de la seguridad alimentaria para la población más vulnerable.
La combinación de la adulteración de cifras y el cierre del banco de alimentos revela una crisis profunda que afecta no solo la confianza en la administración local, sino también el bienestar de miles de ciudadanos. La comunidad está demandando respuestas y acciones concretas de sus líderes, más allá de las palabras vacías que muchas veces se escuchan en el ámbito político.
