César Franco quedó bajo la lupa por presuntos convenios que benefician a su familia.
Una gravísima denuncia sobre presuntas irregularidades en la contratación estatal ha puesto en jaque la transparencia de la actual Administración Municipal de Ibagué. De acuerdo con el acervo de evidencias que ha empezado a circular en los entes de control, se habrían adjudicado de manera sistemática presuntos procesos contractuales a familiares directos y allegados del concejal César Franco. El monto de la presunta defraudación o direccionamiento de recursos asciende a una cifra que supera los $12.000 millones de pesos, ejecutados a través de diversas dependencias y entidades descentralizadas durante el último trienio.
Jurídicamente, el caso se centra en la posible configuración de un conflicto de intereses y un tráfico de influencias, conductas tipificadas en el Código Penal y el Código Disciplinario Único. Expertos en derecho administrativo señalan que la recurrencia en la selección de estos contratistas, vinculados por consanguinidad o afinidad con el cabildante, podría viciar de nulidad los procesos de selección. Los contratos, cuyos objetos van desde la logística hasta la prestación de servicios especializados, están siendo sometidos a un peritaje técnico para determinar si las empresas beneficiarias contaban con la idoneidad requerida o si fueron utilizadas como vehículos para la desviación de fondos públicos bajo la fachada de legalidad administrativa.
Investigación
Ante el estrépito causado por la revelación de estas cifras, se espera que la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General inicien de oficio una indagación preliminar para establecer si existe una responsabilidad penal y disciplinaria frente al caso. La tesis de la investigación apuntaría a una presunta red de favores políticos donde la función pública del concejal habría sido utilizada para ejercer presión indebida sobre las juntas directivas de los institutos descentralizados, garantizando así que el erario terminara en manos de su círculo familiar.
Resultados
La situación jurídica de Franco podría complicarse si se llega a demostrar que existió una concertación para delinquir con el fin de monopolizar la contratación local. Mientras la defensa técnica del cabildante prepara sus descargos, la ciudadanía permanece atenta a la apertura formal de los expedientes.
El recaudo de material probatorio, que incluye actas de liquidación, registros presupuestales y certificados de existencia y representación legal de los contratistas, será pieza clave para determinar si este festín de contratos fue un error de procedimiento o una presunta operación criminal orquestada para saquear el tesoro municipal.
