El departamento de Nariño enfrenta una grave crisis de abastecimiento de combustible que ha encendido las alarmas entre transportadores, comerciantes y ciudadanos. Las largas filas en estaciones de servicio, especialmente en municipios como Ipiales y Tumaco, reflejan un colapso inminente en el sistema de distribución.
Desde hace semanas, el suministro de gasolina se ha visto comprometido por cambios en el esquema logístico. Actualmente, la distribución depende en gran medida de la planta de Petrodecol en Tumaco, lo que ha generado demoras significativas debido a la limitada capacidad marítima y la compleja geografía de la región.
La presión sobre la demanda interna ha provocado escasez y amenaza con aumentar los precios del combustible, afectando directamente al sector transporte. Héctor Taticuan López, presidente de Adiconar, advirtió que la situación es crítica y requiere acciones inmediatas del Gobierno Nacional.
A esta problemática se suma el histórico contrabando de gasolina desde Ecuador. La diferencia de precios entre ambos países ha hecho que el mercado ilegal se fortalezca, debilitando la economía formal y dejando sin opciones a los transportadores que dependen del abastecimiento legal y seguro.
Los gremios transportadores advierten sobre un posible colapso en la movilidad si no se toman medidas urgentes. Además, temen que la crisis derive en un aumento del costo de vida, escasez de productos básicos y conflictos sociales.
Entre las peticiones se encuentra la implementación de un plan de contingencia que garantice el suministro, medidas para frenar la especulación y mayores controles fronterizos para enfrentar el contrabando.
La situación en Nariño evidencia la fragilidad de las zonas fronterizas ante crisis logísticas y la necesidad de una política pública que atienda de manera estructural los desafíos de conectividad y abastecimiento.
Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas rápidas y efectivas que devuelvan la normalidad a una región históricamente olvidada por el Estado. La crisis del combustible no solo compromete la movilidad: también amenaza la estabilidad económica y social del suroccidente colombiano.
