Las autoridades colombianas investigan la existencia de un presunto plan para atentar contra la vida de tres figuras públicas: la senadora y precandidata Paloma Valencia, la representante a la Cámara Catherine (Cathy) Juvinao y el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez. La información habría sido recibida por unidades de inteligencia y remitida a instancias superiores del Gobierno para que se adoptaran medidas preventivas.
Qué se sabe hasta ahora
Fuentes oficiales y medios nacionales reportaron que la alerta llegó a la Presidencia y que, ante la gravedad potencial de la información, se activaron reuniones con los funcionarios involucrados para notificarles sobre el riesgo identificado. Las autoridades, incluyendo organismos de control y protección, mantienen una investigación abierta para determinar el origen y la veracidad de las amenazas.
La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por la posible existencia de un plan criminal dirigido contra los tres servidores públicos y pidió reforzar los esquemas de protección, así como priorizar la investigación para judicializar a los responsables si se confirma la amenaza. La entidad hizo un llamado a la unidad institucional para proteger la democracia y los derechos fundamentales en contextos electorales.
Reacciones institucionales y medidas inmediatas
Según reportes periodísticos, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía han reforzado o están evaluando reforzar los esquemas de seguridad de las personas señaladas. En el caso del contralor general, fuentes confirmaron que ya se decidieron acciones preventivas adicionales en su protección personal. Al mismo tiempo, el Gobierno pidió a las autoridades competentes agilizar las investigaciones y coordinar con inteligencia para identificar a los presuntos autores o redes responsables.
Partidos políticos y bancadas han reaccionado públicamente: el Centro Democrático condenó el supuesto plan y exigió al Ejecutivo mayores garantías para la seguridad de la senadora Valencia y su entorno, mientras la Alianza Verde y otros sectores políticos reclamaron celeridad en la investigación y garantías para la representante Juvinao. Estas reacciones subrayan cómo un episodio de amenazas tiene repercusiones inmediatas en la política nacional y en el clima preelectoral.
Contexto político y riesgos en el país
La noticia se conoce en un momento de alta sensibilidad política: Colombia enfrenta un calendario electoral próximo (con elecciones legislativas y presidenciales en 2026) y, según alertas previas de la Defensoría, cientos de municipios presentan niveles de riesgo en el marco de la contienda electoral. Amenazas contra líderes políticos y funcionarios encargados de control del Estado agravan la percepción de inseguridad y pueden afectar la participación política y la libertad de oposición.
Qué implicaría confirmar el plan
Si las pesquisas confirman la existencia de un plan concreto para atentar contra estas figuras públicas, se trataría de un delito de extrema gravedad que podría involucrar la afectación de la integridad de la rama legislativa y de la función de control fiscal. Además de la investigación penal, se abrirían pesquisas sobre posibles fallas de inteligencia preventiva y sobre cómo se detectó (o dejó de detectarse) la amenaza. La judicialización de responsables sería prioritaria para enviar un mensaje de disuasión.
Qué siguen las autoridades y los pasos esperables
- Verificación de la información: corroborar las fuentes de inteligencia y la inmediatez del riesgo.
- Refuerzo de protección: UNP y fuerzas de seguridad evalúan ajustes en esquemas personales y desplazamientos.
- Investigación penal: Fiscalía y policía judicial buscarán responsables, rutas de financiación o logística y si hay vinculación con grupos armados o redes criminales.
- Medidas institucionales: Defensoría y otras entidades de control exigirán informes y seguimiento para evitar que la amenaza termine en violencia real.
