Johana Aranda continúa dando de qué hablar, esta vez junto con el político César Franco; se evidencian pagos hasta de $763 millones sin registro en el Secop II.
En medio de la crisis que enfrentan los microempresarios afectados por un incendio en Ibagué, se ha revelado que la administración de la alcaldesa Johana Aranda ha otorgado jugosos contratos a una empresa con vínculos familiares con el concejal César Franco, aliado político clave de la mandataria. Mientras Aranda organizaba ferias para recaudar fondos para los damnificados, su gobierno entregaba un contrato directo de $763 millones a la firma Servicios Empresariales SYK, propiedad de familiares cercanos del concejal Franco.
Este contrato, que se suma a otros seis obtenidos por la misma empresa en solo ocho meses, ha generado suspicacias sobre la transparencia del proceso de adjudicación. Servicios Empresariales SYK, que hasta ahora no tenía experiencia en la adecuación y remodelación de espacios públicos, fue seleccionada para realizar trabajos en la Alcaldía de Ibagué, levantando interrogantes sobre su idoneidad y la razón detrás de su rápida expansión en el sector público bajo la administración Aranda.
El valor total de los contratos adjudicados a Servicios Empresariales SYK asciende a más de $4.000 millones, una cifra significativa considerando que la empresa no había recibido contratos de este tipo durante la administración anterior. Estos acuerdos incluyen desde servicios de aseo y cafetería hasta la entrega de kits de aseo personal y alimentos para mascotas, lo que evidencia una diversificación acelerada y, posiblemente, guiada por conexiones políticas.
Situación
Las investigaciones periodísticas han revelado que varios de estos contratos no están registrados en la plataforma estatal Secop II, lo que impide un seguimiento adecuado de su ejecución. Estas irregularidades han generado preocupación entre la ciudadanía y llamado la atención sobre la falta de control por parte de las autoridades competentes, como la Procuraduría Provincial de Ibagué, que hasta ahora ha mostrado un silencio preocupante ante estos hechos.
El concejal César Franco, por su parte, ha negado que su familia tenga contratos con la Alcaldía, a pesar de que documentos oficiales demuestran lo contrario. En respuesta a las acusaciones, Franco ha desviado la responsabilidad hacia la Alcaldía, mientras su prima y socia en Servicios Empresariales SYK, Karina Aguilera Franco, continúa beneficiándose de los contratos adjudicados por la administración Aranda. Finalmente, la falta de respuesta tanto por parte del concejal Franco como del representante legal de Servicios Empresariales SYK, Ernesto Quiroga, aumenta las dudas sobre la legalidad y transparencia de estos contratos, mientras la ciudadanía de Ibagué sigue esperando acciones concretas por parte de las autoridades para esclarecer estos posibles actos de corrupción.
