El Concejo de Neiva volvió a ocupar el centro del debate público luego de una sesión extraordinaria marcada por señalamientos delicados, llamados a la transparencia y advertencias jurídicas que, de comprobarse, dejarían en entredicho prácticas institucionales que deberían ser ejemplo de legalidad. La discusión no solo expuso un caso puntual, sino que reavivó una preocupación constante: el cumplimiento real de la normatividad en la contratación estatal.
El concejal Juan Sebastián Camacho asumió un tono firme y crítico al recordar que el control político no puede limitarse a la administración municipal, sino que debe extenderse a todas las entidades que manejan recursos públicos. En ese contexto, resaltó como un avance la presión ejercida desde el Concejo para que la Cámara de Comercio habilitara un enlace público que permita consultar los accionistas de personas jurídicas, una herramienta clave para el control ciudadano que, paradójicamente, había tardado en implementarse.
Denuncias
Sin embargo, el eje central de su intervención fue la denuncia por una presunta inhabilidad en la Universidad Surcolombiana. Camacho explicó con detalle los alcances de la Ley 1474 de 2011 y advirtió que existirían contratos celebrados en 2023 con una exfuncionaria que, por haber sido jefa de contratación en 2021, estaría impedida legalmente para contratar con el Estado hasta finales de ese año. De confirmarse, no se trataría de un error menor, sino de una posible vulneración consciente del régimen de inhabilidades.
El concejal fue enfático en señalar que la gravedad del caso no recae únicamente en quien habría contratado, sino también en quienes autorizaron y avalaron dichos contratos. Por ello, informó que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría General, la Procuraduría Regional del Huila, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y las instancias internas de la Universidad, dejando claro que el debate político debe traducirse en actuaciones disciplinarias concretas.
A este panorama se sumó la intervención del presidente del Concejo, Juan Carlos Parada Moreno, quien abordó otra arista sensible: la presunta inhabilidad dentro del proceso de elección del contralor municipal. Aunque evitó adelantar conclusiones, Parada reconoció que el tema exige un análisis riguroso y anunció que la Mesa Directiva estudia a fondo el marco normativo antes de continuar con el cronograma establecido.
Neiva enfrenta un momento en el que la legalidad no puede ser un discurso decorativo. Las denuncias expuestas obligan a los entes de control a actuar con celeridad y a las instituciones a responder con transparencia. Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo, consciente de que la lucha contra las inhabilidades no se gana con discursos, sino con sanciones ejemplares y decisiones coherentes. La política local se juega hoy su credibilidad, y cada omisión institucional profundiza la desconfianza social que ya pesa sobre lo público.
