El municipio de Magüí Payán reportó un fin de semana sangriento marcado por asesinatos en versiones confusas, pues inicialmente se conoció que al parecer estaría viviendo una nueva tragedia humanitaria tras enfrentamientos entre grupos armados ilegales ocurridos la mañana de este sábado 7 de junio en zona rural, específicamente en las veredas Doradillo y Tortugo-Magaly, a orillas del río Patía Viejo, en límites con el municipio de Cumbitara, sin embargo, hay otras versiones que indicarían que no se registraron combates y las personas asesinadas perdieron su vida manos de sujetos armados. Los hechos son materia de investigación.
Las informaciones encontradas radican en que habría quienes dan cuentas de tres personas asesinadas, sin embargo, de acuerdo a autoridades de la fuerza pública, no se da registro de combates y que no fueron tres, sino dos, las personas asesinadas por sujetos armados.
Las víctimas fueron identificadas como Eider Díaz Pinzón y Geovanny Cerón Ruales.
El alcalde de Magüí Payán, Diego Caicedo, confirmó que al menos tres civiles perdieron la vida en medio de los combates, los cuales iniciaron alrededor de las 6:00 a.m. Según información preliminar, una de las víctimas era un motorista de lancha que transportaba pasajeros por el río y fue asesinado a quemarropa. Las otras dos personas habrían sido alcanzadas por balas perdidas mientras se encontraban en sus viviendas o desarrollaban labores cotidianas.
“Lamentablemente tenemos el reporte de tres personas muertas. La situación es crítica y sigue siendo muy tensa. No se tiene certeza de cuáles son los grupos armados que están enfrentándose en esta zona”, señaló el mandatario local.
La situación de violencia ha obligado al confinamiento forzado de más de 1.400 personas pertenecientes a 14 veredas de la región, entre ellas La Fátima, Patía Viejo, Santa Cruz, Doradillo, La Ceiba y Tortugo-Magaly. Dentro de la población afectada se encuentran niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes temen salir de sus viviendas ante la posibilidad de quedar atrapados en medio del fuego cruzado.
Las comunidades han pedido presencia urgente del Gobierno nacional y organismos de derechos humanos, denunciando que han sido históricamente olvidadas por el Estado y que no hacen parte del conflicto armado.
