La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a dos exdirectores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Icbf en Nariño por cartel de las familias falsas, Luis Carlos España Patiño y María Mercedes Arellano, así como la entonces asesora de la Dirección General de la entidad y quien cumplió funciones de directora regional (e), Martha Isabel Tovar, y la excoordinadora del Grupo Financiero, Luz Ángela Alvarado Yépez.
Desde la Procuraduría dieron a conocer que “abrió investigación disciplinaria a dos exdirectores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- en Nariño y a otros diez exservidores y funcionarios de la entidad en ese departamento, por presuntas irregularidades en el registro y atención de familias vulnerables atendidas por el Programa Mi Familia entre el 2021 y el 2023, caso conocido como el cartel de las familias falsas”.
La Procuraduría también abrió investigación contra Óscar Hurtado, coordinador del Grupo Jurídico, César Lloreda, Martha Pepinosa, Daira Córdoba, Yudeimi Manco, Myriam Tovar, Aura Benavides y Luz Martínez. Al parecer habrían posibles irregularidades en la selección de la Unión Temporal Mi Familia para la ejecución del contrato, firmado por $8.399 millones para visitar 3.930 familias en 16 municipios para prevenir el maltrato infantil, pues aparentemente no estaba habilitada y no cumplía con los requisitos exigidos. También investigan aparentes faltas disciplinarias en la suscripción, ejecución y supervisión contractual, donde al parecer se presentaron inconsistencias y falsedades en los soportes presentados por la UT Mi Familia sobre la atención brindada a las familias.
El Ministerio Público investiga si se habrían advertido de manera oportuna las supuestas falsedades en los documentos que soportaban las visitas hechas por la UT. Igualmente, se habría presentado una posible omisión en la adopción de medidas ante el incumplimiento del contratista y por no denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales las posibles inconsistencias o falsedades presentadas y así evitar el detrimento patrimonial del Estado.
En el auto de apertura de investigación, la Procuraduría remitió copia a la Fiscalía para que evalúe la procedencia o no de la acción penal contra los representantes legales de las organizaciones Corporación IPS Afrosalud Colombia y Corporación Colombia en Paz, que conformaban la UT Mi Familia, y de su revisor fiscal, Otoniel Vergara, por una posible falsedad en los documentos aportados para la firma del contrato con el Icbf Regional Nariño.
