La Corte Suprema confirmó la decisión del Tribunal Superior de Neiva, que había determinado que la Contraloría Departamental del Huila debía ser reconocida como víctima procesal en el caso que involucra al exgobernador Luis Jorge Pajarito Sánchez. El exmandatario es investigado por presuntas irregularidades en contratos suscritos durante su administración con la Fábrica de Licores de Antioquia, hechos que habrían generado perjuicios al departamento.
El alto tribunal consideró que la Contraloría tiene la obligación constitucional de proteger los intereses fiscales del Huila y, por tanto, su intervención en el proceso resulta legítima y necesaria para garantizar la reparación del daño patrimonial.
Implicaciones
La decisión tiene un fuerte eco en el panorama político regional, pues fortalece la posición institucional de la Contraloría frente a los casos de presunta corrupción que involucran a exfuncionarios públicos. La ratificación por parte de la Corte Suprema envía un mensaje contundente: los entes de control pueden y deben actuar como víctimas cuando el patrimonio público se ve comprometido.
Mientras tanto, el proceso penal contra el exgobernador Pajarito continúa en etapa de investigación, y las autoridades judiciales analizan la posible responsabilidad de otros exfuncionarios en los contratos cuestionados. La decisión de la Corte se interpreta como una victoria institucional para la transparencia y el control fiscal en el Huila.
