La Fiscalía General de la Nación imputó a Rafael Antonio Henao, excontratista del
Ministerio de Transporte, por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho
impropio, dentro de una investigación relacionada con un proyecto de mejoramiento vial
entre los municipios de Corinto y Toribío, en el Cauca.Según el ente investigador, Henao
habría recibido un vehículo avaluado en aproximadamente $90 millones como presunta
retribución por emitir conceptos técnicos favorables que respaldaron la iniciativa de
infraestructura. La investigación ubica la presunta entrega del automotor entre el 19 y el 22
de diciembre de 2018, mientras que el traspaso del vehículo se habría formalizado nueve
meses después.
Para la Fiscalía, en ese momento Henao prestaba sus servicios a la Dirección de
Infraestructura del Ministerio de Transporte y tenía entre sus funciones apoyar la gestión y
seguimiento de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
Dentro de sus responsabilidades estaba la revisión de los requisitos presentados por los
interesados y la elaboración de informes relacionados con la viabilidad de las iniciativas.
En el marco de estas labores, el entonces contratista habría revisado documentación
técnica relacionada con el proyecto vial entre Corinto y Toribío, incluyendo información
geodésica, levantamientos y replanteos topográficos. De acuerdo con la investigación,
posteriormente emitió tres conceptos técnicos favorables relacionados con el tramo rural
objeto de la iniciativa.
Los documentos fueron fechados el 27 de noviembre, el 18 de diciembre y el 28 de
diciembre de 2018. Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, estos pronunciamientos
habrían contribuido a que la Dirección de Infraestructura autorizara la ejecución del proyecto
mediante el mecanismo de obras por impuestos.
La investigación también contempla los contactos que Henao habría sostenido con el
particular interesado en la ejecución de las obras. El expediente reúne información sobre
encuentros presenciales y conversaciones por medio de chats que, según el organismo
investigador, se produjeron mientras se estructuraba y tramitaba la iniciativa de
infraestructura.
Para sustentar la imputación, la Fiscalía tendría además documentos relacionados con el
proceso de evaluación del proyecto y elementos que buscan establecer una posible relación
entre los conceptos técnicos emitidos por Henao y el vehículo que presuntamente habría
recibido.
No obstante, la información conocida sobre el caso presenta una diferencia respecto a la
fecha de terminación del contrato del excontratista. Una de las versiones señala que su
vinculación comenzó el 18 de enero de 2018 y finalizó el 18 de diciembre de ese mismo
año, mientras otra establece que la relación contractual se habría extendido hasta el 28 de
diciembre. La Fiscalía continúa investigando las circunstancias en las que se habrían
producido los hechos y la relación entre las actuaciones realizadas durante el trámite del
proyecto y el supuesto beneficio económico. Los señalamientos corresponden a la hipótesis
del ente acusador dentro del proceso judicial y no constituyen, por sí mismos, una
declaración de responsabilidad penal contra Rafael Antonio Henao.
