El nombre del exalcalde de Rivera, Jhon Jairo Yepes, vuelve al escenario público, esta vez por cuenta de una investigación disciplinaria que avanza a paso firme en la Procuraduría General de la Nación. El proceso, que se encuentra en etapa avanzada, podría desembocar en la formulación de pliego de cargos por un presunto incumplimiento grave de deberes legales en materia ambiental durante la vigencia 2021.
Según el informe técnico que sustenta la actuación, la administración municipal habría omitido una obligación expresa consagrada en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993: destinar mínimo el 1 % de los ingresos corrientes a la adquisición, protección y conservación de áreas estratégicas para el recurso hídrico. La alerta se encendió tras la revisión del formato ET-11 del sistema SINTERCAD, en el cual el propio municipio reportó que no se realizó inversión alguna para este fin.
El dato resulta particularmente delicado si se tiene en cuenta que, de acuerdo con los ingresos corrientes declarados, la inversión mínima exigida por ley rondaría los 305 millones de pesos. Es decir, recursos que debieron blindar nacimientos de agua y zonas estratégicas, pero que, según la Procuraduría, nunca fueron ejecutados.
Control
Para el ente de control, no se trata de una omisión menor ni de una decisión discrecional. La destinación de estos recursos es obligatoria y su inobservancia podría configurar una falta disciplinaria grave, más aún en un contexto donde la protección ambiental se ha convertido en un eje central de la política pública y del control fiscal y disciplinario.
El proceso continúa su curso mientras se evalúa la responsabilidad del exmandatario. El caso abre nuevamente el debate sobre la gestión ambiental en los municipios y sobre la ligereza con la que, en ocasiones, se administran recursos con destinación específica. Para Rivera, el expediente no solo expone un presunto incumplimiento legal, sino una deuda institucional con el agua y el entorno natural que sostiene al municipio.
