La Superintendencia de Transporte ha impuesto una sanción económica a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Popayán por el incumplimiento en la entrega de información crucial sobre las estrategias para combatir el transporte ilegal en la ciudad. La multa, que asciende a $165.283.400, equivale a 142,49 salarios mínimos de 2023 o 14.308 Unidades de Valor Básico en 2025. La decisión ha sido tomada tras una serie de investigaciones que evidencian el retraso en la respuesta a una solicitud de información clave sobre las acciones emprendidas para frenar la informalidad en el transporte local.
El proceso sancionador se originó durante la administración del exalcalde Juan Carlos López Castrillón, conocido popularmente como ‘El Pollo’. En el marco de esta administración, los exsecretarios de Tránsito Jaime Patiño y Patricia Bolaños, quienes ocuparon el cargo en distintos períodos, fueron señalados por la Superintendencia por no cumplir con las fechas establecidas para la entrega de la información solicitada. La sanción, según las autoridades, responde a una falta de transparencia y a la omisión de datos importantes para el seguimiento de las políticas públicas en el sector del transporte.
La controversia comenzó el 11 de mayo de 2023, cuando la Superintendencia de Transporte solicitó a la Secretaría de Tránsito de Popayán un informe detallado sobre las acciones implementadas para combatir el transporte ilegal. La respuesta debía ser entregada antes del 23 de junio de 2023, pero, a pesar de los plazos establecidos, la Secretaría no cumplió con la entrega a tiempo. La información solo fue entregada en septiembre, cuando ya se había iniciado la investigación por parte de la Superintendencia, lo que agravó aún más la situación.
Según la resolución de la Superintendencia, la falta de entrega de la información a tiempo constituye una infracción sancionable conforme al artículo 46, literal c, de la Ley 336 de 1996, que regula el transporte en Colombia. Este incumplimiento de las normativas no solo representa un obstáculo para el control del transporte ilegal en Popayán, sino que también ha derivado en una multa millonaria para el municipio, que ahora se ve obligado a asumir la sanción económica.
La administración municipal de Popayán se encuentra actualmente en una encrucijada, ya que debe decidir si apelará la decisión de la Superintendencia de Transporte o si optará por acatar el pago de la millonaria multa. La resolución de este caso podría tener importantes implicaciones para la gestión del transporte en la ciudad y la relación del municipio con las autoridades nacionales encargadas de regular este sector.