La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (CIACR) de Colombia ha anunciado la apertura de una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por los hechos ocurridos durante el acto celebrado el pasado 21 de junio de 2025 en la ciudad de Medellín, en el marco del programa gubernamental denominado Paz Urbana.
El evento, que tuvo lugar en la plaza de Plaza de La Alpujarra, congregó al presidente Petro junto a altos funcionarios del Gobierno Nacional, y —según la denuncia— permitió que personas privadas de la libertad, incluidas cabecillas de bandas criminales de Medellín recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, subieran al escenario en el acto oficial.
Motivos de la denuncia
La denuncia fue radicada por el concejal Alejandro de Bedout Arango (Medellín) y detalla una serie de presuntas irregularidades que la Comisión considera suficientes para iniciar la investigación. Entre ellas se mencionan:
- Presunta participación indebida en política del mandatario durante el evento.
- Utilización de recursos públicos para fines proselitistas en el marco del acto oficial.
- Convocatoria irregular de una Asamblea Nacional Constituyente “por fuera del marco constitucional vigente”.
- Hostigamiento a autoridades territoriales y la presunta participación de personas privadas de la libertad y miembros de estructuras armadas ilegales en el acto oficial, que además fue televisado mediante medios públicos.
- Presencia de símbolos del movimiento “Independientes” y alusiones al aspirante presidencial Daniel Quintero Calle durante la transmisión del evento.
¿Qué hará la Comisión?
La CIACR ha dispuesto la realización de varias acciones para avanzar en la investigación, entre ellas:
- Solicitud de copias certificadas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) sobre las resoluciones que permitieron el traslado de los internos y su participación en el evento.
- Oficios al Ministerio de Justicia y del Derecho para conocer si intervino o conoció las decisiones administrativas relacionadas.
- Solicitud a la Presidencia de la República de determinar si hubo directrices o instrucciones para la organización del evento y la tarima.
- Petición a la RTVC – Sistema de Medios Públicos y al Canal Institucional la entrega del material de transmisión del evento, incluyendo guiones, producción y registros audiovisuales.
- Requisición al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que certifique si Daniel Quintero estaba inscrito o en trámite de inscripción como candidato presidencial al momento del acto, así como la verificación de símbolos del movimiento político “Independientes”.
- Orden al Grupo de Policía Judicial (CTI) adscrito a la Comisión para realizar verificación forense del material audiovisual y documental aportado.
Contexto y relevancia
El evento del 21 de junio se enmarcó dentro de la política de “Paz Urbana” impulsada por el Gobierno Nacional para Medellín, orientada a la reintegración y transformación de territorios afectados por la violencia. Sin embargo, el hecho de que cabecillas de bandas criminales judicializados hayan subido a tarima junto al presidente ha generado amplio rechazo institucional, político y mediático.
La apertura de esta investigación adquiere relevancia porque la CIACR es el ente competente para estudiar denuncias contra el presidente de la República y dictar si procede una acusación formal que podría culminar en juicio político o penal. En este contexto, la transparencia del proceso y la correcta separación entre poder público y actos políticos adquieren especial valor para la institucionalidad democrática.
Posibles escenarios y consecuencias
- Si la investigación concluye que existen méritos suficientes, la CIACR podrá formular una acusación formal contra el presidente Petro ante la Cámara de Representantes, lo cual es el paso previo para un eventual juicio político o penal.
- De confirmarse la utilización de recursos públicos para fines proselitistas, o participación indebida en política, podrían derivarse responsabilidades administrativas o penales para quienes hayan intervenido.
- Desde el punto de vista político, el expediente puede afectar la imagen del Gobierno, generar mayor tensión entre poderes, y abrir una fase de desgaste o de movilización de distintas fuerzas políticas y sociales.
- En el ámbito institucional, sirve como test para la capacidad del Congreso y de sus órganos de control (como la CIACR) para investigar a un presidente de la República de manera independiente y rigurosa.
Estado actual y próximos pasos
Por ahora, la investigación está en su fase inicial (previa) y se trata de la etapa de recopilación de pruebas, oficios y firmas de diligencias para determinar la veracidad de los hechos denunciados. Aún no se ha formulado acusación ni notificado formalmente al presidente Petro en calidad de imputado.
Se espera que en los próximos días la Comisión publique el cronograma de diligencias o emita resoluciones de admisión, y que las entidades requeridas respondan a los oficios solicitados. Según los tiempos del procedimiento, la investigación podría prolongarse, y sus avances estarán sujetos a la disponibilidad de los documentos y la colaboración de las entidades involucradas.
Conclusión
La apertura de investigación de la Comisión de Acusación contra el presidente Gustavo Petro por el evento conocido como “tarimazo” en Medellín representa un momento clave en la coyuntura política de Colombia. Más allá del suceso puntual, la etapa que se inicia pondrá a prueba la claridad del vínculo entre el poder público y las dinámicas político-electorales, así como la capacidad del Estado para investigar sin privilegios al máximo mandatario. Los ciudadanos y los actores institucionales observarán con detenimiento cómo se desarrolla este proceso, su transparencia, y sus implicaciones para la gobernabilidad, la justicia y la democracia en el país.
