La Procuraduría General de la Nación ha decidido que la ingeniera Erika Palma debe ser reinstalada de inmediato en su puesto como gerente del Instituto de Bienestar y Alcantarillado de Ibagué (IBAL). Esta medida anula la suspensión de tres meses que le había sido impuesta por la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa y Gestión Pública de Ibagué, encabezada por Jair Robayo. Palma había sido acusada de dificultar la labor del Ministerio Público durante una inspección en la planta de tratamiento de la Arboleda Campestre.
La Procuraduría ha determinado que la Personería no presentó pruebas sólidas ni evidentes que demostraran que Palma estaba obstruyendo la investigación o que tenía intención de hacerlo. La decisión subraya la falta de evidencia concreta en las acusaciones formuladas contra la gerente del IBAL, lo que llevó a la revocación de la suspensión.
Además de ordenar la reincorporación inmediata de Erika Palma, la Procuraduría ha instruido a la Alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, para que informe a Palma sobre su regreso al cargo. También se ha dispuesto el reconocimiento y pago de la remuneración que Palma no recibió durante el tiempo de su suspensión. Esta resolución busca corregir la situación y asegurar que Palma reciba el pago correspondiente por el período no trabajado.
Con esta resolución, se reestablece a la ingeniera Palma en su rol dentro del IBAL, un paso que la comunidad y los empleados de la entidad observarán de cerca. La decisión marca un importante ajuste en la administración local y en la gestión de los servicios de alcantarillado en Ibagué.
