Denuncian presuntas irregularidades en proyecto millonario.
Una nueva controversia ambiental sacude a Boyacá tras la solicitud formal de la Procuraduría para que el Ministerio de Ambiente investigue denuncias relacionadas con la ejecución de un proyecto de restauración ecológica en el complejo de páramos Tota–Bijagual–Mamapacha. La alerta institucional se activó luego de que el veedor ambiental Manolo Salamanca presentara evidencias que, según su versión, mostrarían intervenciones inadecuadas en zonas de alta fragilidad ecológica.
La solicitud fue elevada por la procuradora 32 judicial para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios de Boyacá, Alicia López Alfonso, quien pidió al Ministerio de Ambiente actuar con celeridad frente a las denuncias presentadas el pasado 2 de marzo en un espacio de diálogo desarrollado en Tunja. Durante ese encuentro, el veedor exhibió fotografías y videos que, presuntamente, evidenciarían trabajos en campo que podrían comprometer la integridad del ecosistema de páramo en jurisdicción del municipio de Siachoque.
Según denunciantes un en el lugar hay un trabajador operando una ahoyadora en medio de vegetación nativa, caminando entre plantas propias del ecosistema paramuno y perforando el suelo para sembrar nuevas plántulas. Para los denunciantes, este tipo de prácticas podría afectar especies emblemáticas como los frailejones y alterar el delicado equilibrio del suelo, considerado uno de los principales reguladores hídricos de la región.
El proyecto cuestionado hace parte de una inversión financiada con recursos del Sistema General de Regalías y corresponde al programa denominado “Conservación de Áreas Ambientales Estratégicas y Gestión Ambiental en el Páramo de Tota–Bijagual–Mamapacha”. La iniciativa contempla una inversión cercana a los 26.365 millones de pesos y su ejecución está a cargo de la Gobernación de Boyacá mediante un contrato suscrito con el Consorcio Restauración Páramos Boyacá.
La intervención incluye actividades como siembra de material vegetal, instalación de cercas perimetrales, construcción de viveros transitorios, estrategias de gestión ambiental y acuerdos sociales con comunidades de municipios como Aquitania, Tota, Mongua, Monguí, Pesca y Siachoque. Sin embargo, algunos expertos y organizaciones ambientales han advertido dudas sobre la pertinencia de ciertas especies sembradas, entre ellas el aliso y el roble, árboles más asociados a ecosistemas de bosque altoandino que a zonas estrictamente paramunas.
La Gobernación ha señalado que el proyecto cuenta con concepto de viabilidad favorable emitido por el Ministerio de Ambiente a través de su Oficina Asesora de Planeación, así como certificaciones de coherencia por parte de municipios y de la autoridad ambiental regional. No obstante, el debate persiste porque Corpoboyacá ha aclarado que su participación se limitó a emitir certificaciones de coherencia con sus instrumentos de planificación y no un aval técnico directo sobre la intervención.
