La Agencia Nacional de Tierras (ANT) se encuentra en el centro de una intensa controversia debido a millones de pesos en contratos que parecen estar vinculados a exfuncionarios cercanos a Juan Felipe Harman, quien fue alcalde de Villavicencio, así como a aliados del progresismo que apoya al presidente Gustavo Petro. Esta situación ha despertado alarmas en la opinión pública y ha llevado a la Procuraduría General de la Nación a abrir una investigación sobre posibles irregularidades en la gestión de la ANT y en la adquisición de tierras.
¿Un beneficio para unos pocos?
La investigación revela que una serie de documentos internos de la ANT indican que varias personas, con vínculos directos con el exalcalde Harman y otros líderes políticos del entorno progresista, han sido favorecidas con contratos millonarios dentro de la entidad. Estas contrataciones han llamado la atención no solo por su valor económico, sino también por las conexiones políticas de los beneficiarios, lo que ha llevado a sospechas sobre la transparencia y la legalidad de los procesos de selección.
Los contratos en cuestión abarcan diversos servicios y proyectos que se supone deben beneficiar a la comunidad en general. Sin embargo, las denuncias sugieren que, en lugar de promover el bienestar de la población, estas contrataciones podrían estar alimentando una red de intereses personales, donde el acceso a recursos públicos se ha convertido en un negocio lucrativo para un pequeño grupo de aliados políticos.
