La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y exministro de Comercio, Industria y Turismo, por presuntas irregularidades en la formulación y mensualización de las metas de recaudo tributario correspondientes al año 2024. La pesquisa busca esclarecer si hubo fallas técnicas y administrativas que contribuyeron a una caída significativa en el recaudo fiscal durante los primeros meses de ese año.
El origen de la investigación se encuentra en la caída del recaudo tributario entre enero y mayo de 2024, que superó el 10%, una cifra alarmante que podría afectar el cumplimiento de la regla fiscal del país. Según análisis preliminares, los datos de proyección del recaudo habrían sido construidos con supuestos alejados de la realidad macroeconómica y sin el respaldo técnico adecuado, lo que generó un desfase entre las metas planteadas y los resultados reales.
Además de Reyes, la investigación incluye a dos altos funcionarios de la DIAN: David Gustavo Suárez Castellanos, subdirector de Estudios Económicos, y Guillermo Alberto Sinisterra Paz, director de Gestión Estratégica y de Analítica. Ambos habrían participado en el proceso técnico de formulación y seguimiento de las metas de recaudo, y se indaga si hicieron caso omiso a las advertencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la proyección de ingresos.
El Ministerio Público busca determinar si las conductas de los funcionarios implicados constituyen faltas disciplinarias, especialmente por posible desconocimiento de principios fundamentales como la planeación, la responsabilidad, la eficiencia y la coordinación interinstitucional en la gestión fiscal. También se evalúa si se adoptaron medidas correctivas oportunas frente al bajo desempeño en el recaudo tributario.
En términos económicos, la caída del recaudo en 2024 fue significativa: se recaudaron 267,2 billones de pesos, lo que representa un 4,4% menos que en 2023, cuando la cifra alcanzó los 279,38 billones. Esta disminución no solo afecta la estabilidad fiscal sino que también pone en riesgo la capacidad del Estado para financiar sus programas y cumplir con las metas presupuestales establecidas.
Luis Carlos Reyes, por su parte, ha negado responsabilidad en las irregularidades que se le imputan, mientras la Procuraduría avanza en la recopilación de pruebas para establecer responsabilidades concretas. La investigación se perfila como un caso emblemático sobre la gestión fiscal y la transparencia en las entidades públicas encargadas del manejo tributario en Colombia.
