La decisión del alto tribunal de frenar la investigación contra el presidente Gustavo Petro en el Consejo Nacional Electoral habría golpeado el ánimo de los magistrados investigadores.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que frenó la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el presidente Gustavo Petro habría golpeado el ánimo de los dos magistrados investigadores, Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), quienes aunque continuarán indagando a la campaña por violación del tope de gasto, perdieron una batalla importante. Además, se les acaba el tiempo para llegar a un fallo.
El alto tribunal ordenó al órgano electoral enviar el expediente del presidente Petro a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, célula que recibirá en cinco días hábiles un amplio número de documentos, testimonios, facturas y todo lo relacionado con el jefe de Estado en su campaña de 2022.
Allí ya se adelantan varias indagaciones contra Petro y este pliego podrá sumarse al que tienen los representantes Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la U), que poco ha avanzado y ha estado inmerso en dudas desde el bloque opositor.
Prada y Ortiz insistieron por largos meses en que sí podían investigar al presidente Petro, quien objetó esta premisa con fuerza e insistencia, asegurando incluso que se trataría de algo abiertamente inconstitucional y que buscaba afectarlo en el cargo. Sin embargo, faltando menos de un mes para que el proceso caduque por vencimiento de términos, la Corte falló a favor de la tutela presentada por la defensa del mandatario.
Los investigadores mantienen cierta esperanza en que al menos lograrán llegar al punto final de la investigación frente a personas vinculadas a la contienda del petrismo como el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña o Juan Carlos Lemus Gómez y María Lucy Soto Caro, quienes fueron los auditores.
Si bien ya reunieron todo el material probatorio, llamaron a testigos y armaron todo un expediente de cientos de páginas en el que determinaron una violación del tope de gasto por más de $5.300 millones, los demás magistrados del CNE siguen a la espera de la ponencia final en la que se determine cuáles son las “culpas” de los antes mencionados, así como qué sanciones podrían aplicarse.
Esta ponencia deberá votarse en la sala plena antes del 25 de julio, día máximo para darle cierre al caso, pues ese día vencen los términos de la investigación, justo tres años después de las elección de Petro como presidente.
