En medio de un creciente escándalo por presuntas irregularidades en la contratación pública en el Concejo Municipal de Castilla La Nueva, el concejal Jhon Ramírez lidera un proceso judicial que podría tener consecuencias políticas de fondo. La denuncia presentada por Ramírez ante el Tribunal Administrativo del Meta busca la pérdida de investidura de su colega Nancy Semanate Medellín, concejal para el periodo 2024-2027, por presuntas faltas relacionadas con un contrato suscrito durante su presidencia del Concejo.
Proceso
El proceso ya entró en etapa probatoria y contempla la citación a varios testigos, incluidos miembros actuales del Concejo, con el fin de esclarecer la ejecución del contrato CM-CPS-001-2024, suscrito el 3 de enero de 2024 entre el Concejo y Mauricio Vega Rueda, por un valor de 53 millones de pesos. Este contrato tenía como objeto la prestación de servicios jurídicos y contractuales, aunque, según Ramírez, hay dudas sobre la verdadera identidad de quien prestó el servicio.
El cabildante cuestionó que quien realmente actuaba como asesor jurídico era Edward Díaz, quien no cuenta con tarjeta profesional de abogado. Además, aseguró que el contrato inicialmente había sido firmado por Justo Daniel Díaz, “un contador sin experiencia acreditada en contratación estatal, quien presuntamente cedió el contrato a Vega Rueda”, puntualizó el cabildante.
Ante estos hechos, el concejal promovió en mayo una proposición para ejercer control político sobre el contrato, pero esta fue hundida tras votación negativa en plenaria. Esto llevó a Ramírez a presentar formalmente la demanda por pérdida de investidura, la cual fue admitida por el tribunal, que ahora avanza en la recolección de pruebas.
Citación
Entre las acciones del proceso, se destaca la citación a testigos clave, como Nayiber Olaya, Andersson Stiven Díaz, el propio Mauricio Vega y Justo Daniel Díaz, además de nueve concejales que integraban la corporación entre agosto y diciembre de 2024, entre ellos Víctor Rubiano, actual presidente del Concejo. Todos deberán comparecer ante el tribunal para rendir testimonio de los hechos relacionados con la ejecución del contrato y la posible omisión de funciones por parte de Semanate y la mesa directiva del Concejo de ese periodo.
El tribunal ha sido claro en negar pruebas innecesarias, como el interrogatorio a la propia demandada, por considerarse improcedente en este tipo de procesos según jurisprudencia del Consejo de Estado. Sin embargo, continuará adelante con la verificación documental y testimonial de los hechos denunciados.
La atención ahora se centra en la audiencia programada para el 5 de agosto de 2025, donde se espera que empiecen a rendirse los testimonios y se defina si existen méritos suficientes para que el tribunal avance hacia una eventual sanción contra la concejal Nancy Semanate. Mientras tanto, el debate político en Castilla La Nueva sigue encendido, con voces ciudadanas que exigen claridad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
