Este fenómeno, de la intolerancia en Colombia, que abarca desde el desprecio verbal hasta la violencia física contra funcionarios públicos, policías y otras figuras de autoridad, pone en riesgo la estabilidad democrática y la seguridad ciudadana. La relación entre los ciudadanos y las autoridades se encuentra en una encrucijada crítica que requiere una reflexión profunda y acciones concretas para restaurar la confianza y el respeto mutuo.
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La intolerancia contra las autoridades no surge en un vacío. En Colombia, las tensiones históricas, la corrupción, la desigualdad social y la percepción de impunidad han alimentado un clima de desconfianza y descontento. Las manifestaciones masivas de los últimos años, que comenzaron con demandas legítimas por una mejor calidad de vida, rápidamente se vieron empañadas por episodios de violencia y enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Conflictos
Estos conflictos han exacerbado la percepción negativa entre ciudadanos y autoridades, creando un ciclo de resentimiento y agresión.
La intolerancia contra las autoridades tiene múltiples consecuencias negativas. En primer lugar, debilita la autoridad legítima del Estado, socavando su capacidad para mantener el orden y proteger a los ciudadanos.
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La violencia contra los policías y funcionarios públicos no solo pone en peligro sus vidas, sino que también desmoraliza a aquellos encargados de garantizar la seguridad. Esto puede llevar a un deterioro en la calidad del servicio público y en la ejecución de la ley.
Además, la intolerancia genera un ambiente de polarización y conflicto social. Cuando las autoridades son vistas como enemigas en lugar de protectoras, se profundizan las divisiones dentro de la sociedad.
Esta falta de cohesión dificulta la implementación de políticas públicas efectivas y la construcción de un consenso social necesario para abordar los problemas más acuciantes del país. Restaurar la confianza y el respeto hacia las autoridades requiere un esfuerzo conjunto y sostenido. Las autoridades deben trabajar para ganarse la confianza de los ciudadanos mediante la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por los derechos humanos. La formación continua y la implementación de prácticas policiales basadas en la comunidad pueden ayudar a construir una relación más positiva entre la policía y la ciudadanía.
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