La situación en el Meta alcanzó un momento de alta tensión ayer, cuando las comunidades del departamento denunciaron un intento de intervención ilegal de las manifestaciones pacíficas que mantienen contra los peajes en la región. El Comité No Más Peaje Puente Amarillo advirtió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) envió un oficio a la gobernadora del Meta y a los alcaldes de Villavicencio, Acacías y Granada, indicando la intención de reactivar el cobro en el peaje Puente Amarillo y de reinstalar las barreras en estos puntos. Este documento fue enviado el 7 de noviembre de 2024, el mismo día en que representantes de la ANI se reunieron con las comunidades que lideran las manifestaciones.
En alerta
La respuesta de la comunidad fue rápida. Con base en la notificación, activaron un plan de alerta para proteger su derecho a la protesta. El Comité alertó a las autoridades locales y a los manifestantes, señalando que esta intervención violaría el Decreto 003 de 2021, el cual protege el derecho de las comunidades a manifestarse de forma pacífica. Gracias a esta movilización, el operativo de intervención fue suspendido temporalmente.
El Comité No Más Peaje Puente Amarillo reiteró en su comunicado la indignación ante la propuesta del Gobierno Nacional, la cual plantea una tarifa plena de $8.200 para vehículos de categoría 1, una tarifa diferencial para las comunidades locales y la posibilidad de aplicar un cobro reducido en un trayecto durante los fines de semana. Para las comunidades, esta medida es considerada irrespetuosa y abusiva, pues implicaría una carga económica adicional para los ciudadanos.
Recaudo
Según cifras proporcionadas por el Comité, la tarifa plena de $8.200 generaría ingresos adicionales de entre $8.000 millones y $10.000 millones anuales, que se sumarían a los $18.300 millones que se recauda actualmente en estos peajes. En total, esta política representaría entre $26.300 millones y $28.300 millones anuales, lo que afectaría directamente la economía local, impactando los ingresos de familias y pequeños negocios en la región. En la última mesa de negociación, los representantes gubernamentales reconocieron que las cifras aportadas por el Comité eran muy próximas a sus estimaciones.
A la par de esta propuesta para vehículos de categoría 1, el Gobierno Nacional también pretende incrementar las tarifas de todas las demás categorías de transporte. Sin embargo, durante la mesa de negociación, no se especificó el monto exacto del incremento, lo que ha generado incertidumbre entre los usuarios de transporte de carga y pasajeros. Según los manifestantes, un aumento de $3.000 en las categorías adicionales se traduciría en una carga anual de alrededor de $2.000 millones para el sector de transporte, lo que a su vez encarecería los costos de los productos y los pasajes para los habitantes del Meta y regiones vecinas.
