La cárcel de mediana seguridad ubicada en el municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca, enfrenta una de sus peores crisis sanitarias en los últimos años. Desde hace al menos cuatro días, los internos se encuentran sin agua potable ni servicio de energía eléctrica, lo que ha desencadenado un deterioro alarmante de las condiciones de salubridad dentro del centro penitenciario.
Según denuncias conocidas por medios locales, los reclusos no han podido asearse ni hacer uso adecuado de baños o duchas, generando focos de infección y malos olores. “Aquí ya hay muchos con diarrea, fiebre y vómito. No hay agua ni para lavarse las manos”, afirmó un interno a través de una llamada telefónica.
Los familiares de los internos también han alzado su voz. Varias mujeres que visitan regularmente a sus seres queridos manifestaron su preocupación ante el silencio institucional. “No nos dicen nada, sólo sabemos que están enfermos y no tienen cómo limpiarse ni hidratarse”, expresó una madre angustiada.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la situación podría constituir una violación grave de los derechos fundamentales. “El Estado tiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de dignidad, aun en contextos penitenciarios. Esta omisión es inaceptable”, aseguró una vocera de la ONG Cárcel Digna Ya.
Hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) no ha emitido un comunicado oficial explicando las causas de la emergencia. Tampoco se ha establecido una fecha estimada para la reanudación del suministro de agua ni para la restauración del servicio eléctrico.
Según versiones extraoficiales, un daño en la red principal de acueducto que abastece la zona rural donde se ubica el penal sería la causa de la suspensión del servicio. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada ni desmentida por las autoridades.
Mientras tanto, las enfermedades gastrointestinales aumentan entre la población privada de la libertad. Fuentes médicas indican que ya hay al menos 30 casos reportados con síntomas asociados al consumo de agua contaminada o a la falta de higiene básica.
La tensión también crece entre los custodios y trabajadores del centro penitenciario, quienes han expresado su preocupación por las condiciones laborales que enfrentan en medio de la crisis. “Trabajamos en la oscuridad, sin ventilación y sin agua ni para el baño. Esto también es un riesgo para nosotros”, señaló un funcionario que pidió reserva de identidad.
Vecinos del sector de Potrerito, donde está ubicada la cárcel, indican que otras viviendas del área también han experimentado intermitencias en los servicios, pero solo el penal ha permanecido completamente desconectado durante tantos días.
Expertos en derechos penitenciarios han pedido una intervención urgente del Gobierno nacional, señalando que no se puede normalizar la precariedad dentro de los centros de reclusión. “La falta de acción del Estado podría derivar en responsabilidades legales ante organismos internacionales”, advirtieron.
Desde la Personería de Jamundí se anunció que se abrirá una investigación administrativa para establecer si hubo negligencia por parte de las autoridades encargadas del penal. También se solicitó una visita urgente por parte de la Defensoría del Pueblo.
La situación sigue siendo crítica y la incertidumbre reina entre los internos y sus familias. Se espera que en las próximas horas el INPEC o el Ministerio de Justicia emitan una declaración oficial sobre la emergencia que, por ahora, sigue empeorando.
