Rubén Calderón denuncia irregularidades en millonarias obras asignadas por la Alcaldía.
En Ibagué crece una controversia que ya no solo gira alrededor de los retrasos, avances o dificultades en algunas de las obras más importantes de la ciudad. Ahora, el foco de atención está puesto sobre la dependencia encargada de administrarlas y supervisarlas, una situación que ha despertado cuestionamientos de veedurías ciudadanas y sectores de la opinión pública. La discusión surgió luego de que la veeduría Veemóvil advirtiera sobre el papel que actualmente desempeña la Gerencia de Proyectos Estratégicos, una dependencia creada para asesorar y coordinar acciones entre diferentes entidades del municipio, pero que hoy tiene bajo su responsabilidad algunos de los contratos de infraestructura más costosos de la capital tolimense.
Entre los proyectos que están siendo manejados por esta dependencia aparecen las obras del barrio El Salado, cuya inversión supera los $35.000 millones, y la construcción de la nueva calle 103, con recursos cercanos a los $37.000 millones. Sumadas, ambas iniciativas representan más de $72.000 millones de recursos públicos. Para los críticos, la principal inquietud radica en que la Gerencia de Proyectos Estratégicos no cuenta con direcciones técnicas, personal especializado ni estructura operativa para ejecutar obras civiles, funciones que históricamente han estado bajo la órbita de la Secretaría de Infraestructura.
Rubén Darío Calderón, presidente de la veeduría Veemóvil, cuestionó además que proyectos relacionados con pavimentación estén siendo catalogados como estratégicos para justificar su traslado a dicha dependencia. Según explicó, la ingeniera Erika Palma aparece vinculada a la supervisión de obras como la calle 103, la vía al aeropuerto Perales y el corredor norte, proyectos que concentran una importante porción de la inversión pública municipal.
La controversia escaló luego de que la veeduría denunciara presuntas dificultades para acceder a información relacionada con los contratos. De acuerdo con Calderón, solicitudes oficiales presentadas durante mayo recibieron respuesta cerca del límite legal y bajo argumentos relacionados con la necesidad de coordinación entre distintas dependencias y contratistas. A esto se suman documentos publicados en la plataforma SECOP que evidenciarían modificaciones en los esquemas de supervisión de algunos contratos, aumentando las dudas sobre el alcance de las funciones ejercidas por la gerencia. Expertos consultados por distintos sectores han advertido que el debate podría trascender el ámbito político y entrar al terreno disciplinario. Según esas opiniones, una dependencia con funciones asesoras no tendría competencia jurídica ni capacidad técnica para asumir la ejecución o supervisión de obras públicas. Mientras avanzan los trabajos en El Salado, la calle 103 y otros corredores viales, sigue sin respuesta una pregunta que cada vez toma más fuerza entre los ciudadanos: ¿por qué estas multimillonarias obras terminaron en manos de una dependencia creada para asesorar y no de la Secretaría de Infraestructura?
