En días pasados se hizo la judicialización de una mujer y tres hombres que hacían parte de una estructura del ELN, la Fiscalía General de la Nación reveló parte del material de prueba, con la decisión judicializarlos. Según la Fiscalía, en contra de los detenidos hay abundante material de prueba y ponen en evidencia los nexos que tendrían con alias Milton y otros cabecillas del frente José David Suárez del ELN.
Capturados
Lucelida Pérez Rojas, se estableció que laboraba en una de las compañías petroleras víctima de extorsión. Así mismo, sería la encargada de llevar víveres y medicamentos a los campamentos del Frente José David Suárez, y de alertar a esta estructura sobre contratos o movimientos de dinero que hacía la empresa para la que trabajaba.
Miguel Yesid Daza Galindo, en varias oportunidades se habría reunido con cabecillas del ELN para, planear bloqueos o actos vandálicos en municipios de Casanare, Arauca y Boyacá. En 2017, participó en un atentado contra tropas del Ejército Nacional que pretendían capturar a alias Hidalgo, un señalado integrante del ELN buscado por la muerte de dos policías. También hay elementos que lo vincularían a extorsiones. En el lugar de su captura, en Aguazul, se incautó munición calibre 7.65 y propaganda alusiva al ELN.
Carlos Julio Caro Palacios, estaría involucrado en reuniones en las que se habría organizado a la población para realizar movilizaciones. Se le atribuye realizar perfilamientos a posibles objetivos de extorsión. En el inmueble donde fue capturado, ubicado en la vereda Monterralo de Aguazul, los investigadores encontraron un arma de fuego y munición.
José Omar Beltrán Cuy, identificaba víctimas de extorsión entre ganaderos, comerciantes, transportadores y población civil.
Estas personas fueron capturadas por investigadores de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, unidades del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, en Aguazul y Yopal.
Por estos hechos, un fiscal imputó a los cuatro capturados, los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y rebelión. Luego de valorar los argumentos presentados y por considerar que los procesados representaban riesgo para la población, el juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
