El cabildante pidió que se investigue si la concejal Nancy Semanate incurrió en acciones que la puedan llevar a perder su curul.
Redacción Extra
El concejal Jhon Ramírez hizo un reciente pronunciamiento en relación con el proceso legal que involucra a su colega del Concejo, Nancy Semanate. Ramírez solicitó a la Procuraduría General de la Nación que se vincule a la mesa directiva del año 2024 por omisión, en un intento por garantizar la transparencia y la ética en la gestión pública.
“Este es un procedimiento legal regulado en la ley que busca asegurar la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos en nuestro municipio”, manifestó Ramírez.
Demanda
En su intervención, el concejal también anunció que ha interpuesto una demanda de pérdida de investidura contra Semanate. “Presenté una solicitud ante el tribunal administrativo del Meta, pidiendo que se revise si la concejal y la mesa directiva han incurrido en alguna de las causales de pérdida de investidura. Hasta el momento, el tribunal no ha tomado una decisión de fondo; lo que ha hecho hasta ahora es admitir la demanda”, afirmó Ramírez.
La denuncia presentada por Ramírez se relaciona con un contrato suscrito el 3 de enero de 2025 entre el Concejo de Castilla La Nueva y Mauricio Vega Rueda, un asesor contratado por el valor de 53 millones de pesos, cuyo objetivo era brindar apoyo en actividades jurídicas y contractuales del municipio. Según Ramírez, el Concejo solo mantiene cinco contratos de contaduría, jurídicos, suministros, cafetería y redes, lo que genera inquietudes sobre la relevancia de este nuevo contrato.
Preocupación
Jhon ha expresado su preocupación respecto a la identidad del asesor, revelando que en el recinto fue visto Edward Díaz, quien no posee tarjeta profesional de abogado, lo que pone en tela de juicio la legalidad del apoyo jurídico proporcionado. Además, el concejal apuntó a la existencia de un contrato por parte de Justo Daniel Díaz, un contador contratado para asesorar en procesos de contratación estatal, quien supuestamente cedió su contrato a Vega Rueda, lo que suscita más dudas sobre la transparencia del proceso.
En respuesta a esta serie de irregularidades, Ramírez radicó una proposición dirigida al presidente del Concejo, Víctor Rubiano, el pasado 9 de mayo. Dicha proposición tenía como objetivo realizar control político sobre el contrato mencionado, pero fue votada en contra el 14 de mayo, resultando en su hundimiento. Ante este escenario, Ramírez solicitó que se tomen acciones para esclarecer posibles anomalías en los procedimientos, instando a garantizar la transparencia y legalidad en la gestión pública.
El caso ha desatado un intenso debate en la comunidad, y muchos ciudadanos esperan que las autoridades actúen con diligencia en la investigación para aclarar los hechos. La atención ahora se centra en la respuesta del tribunal administrativo y en si se tomarán medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas por el concejal Ramírez.
