Un demoledor informe de la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía dejó al descubierto graves fallas en una auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Ibagué. De 21 hallazgos iniciales que señalaban presuntas irregularidades por más de $10.877 millones, 19 fueron completamente descartados por carecer de sustento técnico y legal. El documento revela que los auditores municipales aplicaron normas derogadas, ignoraron procedimientos establecidos y realizaron análisis superficiales que invalidaron sus conclusiones.
Errores grotescos
Uno de los casos más emblemáticos fue la cuestionada revisión al impuesto de alumbrado público facturado por Infibagué a ISAGEN. Los auditores municipales confundieron ajustes contables con consumos individuales, ignoraron explicaciones técnicas de la empresa y exigieron documentos irrelevantes para sustentar sus acusaciones.
Pese a que Infibagué demostró la procedencia de todos los recursos, los funcionarios insistieron en hallazgos sin fundamento.
¿Venganza?
Fuentes cercanas al proceso revelan que detrás de esta auditoría fallida habría intereses particulares. Según las investigaciones, la contralora Edna Margarita Murcia habría actuado en retaliación luego de que no se concretaran contratos para una empresa vinculada a su esposo, Antonio Fajardo.
En abril de 2024 se había denunciado una reunión irregular donde se habrían pactado negocios con la empresa L&S Global Service S.A.S., de propiedad de allegados a la contralora, por valor de $746 millones.
En alerta
El escándalo ha llegado hasta las más altas instancias de control del país. La Fiscalía General, la Procuraduría y la Auditoría General de la Nación revisan el caso, mientras crecen las dudas sobre el uso político del control fiscal en Ibagué. La Contraloría General confirmó que los auditores municipales violaron principios fundamentales de su función al presentar hallazgos sin evidencia ni nexo causal demostrable.
