Claudia Elena Lozano Doria, quien llegó a ser directora de la Fiscalía en La Guajira pese a que ni siquiera tenía tarjeta de abogada y había falseado la documentación.
Durante trece años, entre 2000 y 2013, Claudia Elena Lozano Doria se movió como pez en el agua por las oficinas de la Fiscalía General y despachos judiciales. En todo este tiempo, llegó a solicitar órdenes de captura, abrir todo tipo de investigaciones, cerrar de un solo plumazo expedientes judiciales, absolver a presuntos culpables y condenar a supuestos inocentes.
Para no ir más lejos, siendo directora de Fiscalías en el departamento de La Guajira, solicitó en diciembre de 2008 la captura del director seccional del DAS, Yohn Carlos Cuéllar Gómez, por presuntamente pedir 80 millones de pesos para dejar en libertad a Lady Constanza Sánchez, una mujer que era solicitada en extradición por las autoridades de Bélgica por cargos de narcotráfico.
La noticia ocupó titulares de prensa y sacudió el ya desprestigiado organismo de inteligencia, en contra del cual ya recaían graves señalamientos por la infiltración de grupos paramilitares y prestarse para realizar seguimientos ilegales a los “enemigos” del Gobierno de turno.
La actuación de Lozano Doria no tendría nada de raro de no ser por el simple hecho que nunca había pasado por una facultad de Derecho, no contaba con tarjeta profesional y no tenía ningún certificado de abogada. Requisitos mínimos que exige la ley colombiana para ocupar estos altos cargos para administrar justicia. Hizo conejo, falseó documentos y lleva más de una década pavoneándose como fiscal.
Pero, ¿cómo llegó a ocupar estos cargos? La respuesta parece sacada de un tomo especial de situaciones inéditas que solo se presentan en Colombia. Valiéndose de una relación de amistad, la mujer tocó en septiembre de 2000 las puertas de la Fiscalía General para solicitar un trabajo como técnica judicial en la Sección Judicial de Montería, Córdoba.
Tomó la tarjeta profesional de su entonces entrañable amiga, María Consuelo Mestre, quien terminó emproblemada y convirtiéndose en la principal testigo en su contra. Copió gran parte de su hoja de vida para “acreditar formación profesional y un acta de grado con el fin de lograr su nombramiento”. En poco tiempo, y con estos documentos bajo su brazo, fue escalando rápidamente.
Fue así como llegó a posesionarse como fiscal “en doce oportunidades”, ocupando distinciones tales como fiscal local delegada ante los jueces de Barranquilla, fiscal delegada ante los jueces de Cartagena, hasta dar el gran salto de directora seccional de Fiscalía de Riohacha.
La respuesta a cómo nadie se dio cuenta durante esa década de esta falsedad todavía sigue en el limbo. La mentira se rompió por el lado menos esperado: tras salir de la Fiscalía General intentó ingresar a la Judicatura utilizando los mismos documentos falsos para ser nombrada como juez de ejecución de penas de Valledupar.
Tal vez confiada por su buena suerte y el hecho que no la habían descubierto, presentó la tarjeta profesional y el diploma de la Corporación Universitaria del Sinú. Sin embargo, al ingresar su número de cédula al sistema se prendieron las alertas: los datos no coincidían y en la mismísima Judicatura confirmó que en el registro nacional de abogados no aparecía nadie con ese nombre.
Todo se cayó en un abrir y cerrar de ojos.
