En POPAYÁN, la percepción de inseguridad vuelve a ocupar el centro del debate público. En distintos sectores del municipio crecen las críticas contra el alcalde JUAN CARLOS MUÑOZ, a quien varios ciudadanos responsabilizan por lo que consideran una respuesta insuficiente frente al aumento de hechos delictivos. La preocupación se ha extendido tanto en barrios tradicionales como en zonas que hasta hace poco eran catalogadas como tranquilas.
De acuerdo con testimonios recogidos en diferentes sectores, los hurtos a personas, viviendas y establecimientos comerciales se estarían registrando a cualquier hora del día, lo que ha generado un ambiente de temor constante. Residentes afirman que ya no se trata solo de situaciones aisladas, sino de una problemática recurrente que afecta la cotidianidad y modifica rutinas básicas como salir a caminar, utilizar el transporte público o abrir un negocio en horarios extendidos.
MARÍA LÓPEZ, ciudadana afectada de POPAYÁN, expresó su preocupación al señalar que “la delincuencia llegó incluso a los barrios que antes se consideraban seguros”. Según su denuncia, la sensación de vulnerabilidad ha aumentado en las últimas semanas, obligando a vecinos a organizar grupos de comunicación y redes de apoyo para alertarse ante movimientos sospechosos. “Ya no importa la hora; puede ser en la mañana, en la tarde o en la noche. El miedo es constante”, afirmó.
Las críticas no solo se centran en la ocurrencia de los delitos, sino también en la percepción de falta de presencia policial en algunos sectores. Habitantes aseguran que los patrullajes no son suficientes y que la respuesta ante los llamados de emergencia puede tardar más de lo esperado. Esta situación ha llevado a la comunidad a exigir mayor articulación entre la administración municipal y la fuerza pública, así como estrategias más visibles y sostenidas en el tiempo.
Comerciantes del centro y de barrios periféricos también han manifestado su inconformidad, señalando que la inseguridad impacta directamente la actividad económica. Algunos aseguran haber reducido horarios de atención por temor a ser víctimas de robo, mientras otros han tenido que invertir en sistemas de vigilancia y seguridad privada para proteger sus establecimientos.
Frente a este panorama, líderes comunitarios han solicitado la realización de consejos de seguridad ampliados, donde se presenten cifras actualizadas, diagnósticos claros y planes de acción concretos. Consideran que la ciudadanía necesita información transparente sobre lo que está ocurriendo y sobre las medidas que se implementarán para contener la situación.
La administración municipal, por su parte, enfrenta el desafío de recuperar la confianza ciudadana. Más allá de los operativos puntuales, la comunidad espera políticas integrales que incluyan prevención, intervención social y fortalecimiento de la seguridad en puntos críticos identificados por los propios habitantes. La coordinación con la Policía, la Fiscalía y demás autoridades será clave para dar resultados visibles.
Mientras tanto, la sensación de inseguridad continúa siendo uno de los principales temas de conversación en la ciudad. Para muchos payaneses, el derecho a transitar con tranquilidad y desarrollar sus actividades diarias sin miedo es una prioridad que requiere respuestas urgentes.
La comunidad insiste en que se necesitan acciones concretas y sostenidas, no solo anuncios. El llamado es claro: mayor presencia institucional, estrategias efectivas y resultados que permitan devolver la calma a una ciudad que hoy expresa preocupación frente a la creciente ola de inseguridad.
