Por: Laura Cabanzo
La inseguridad en Colombia ya no es solo una estadística: es una experiencia diaria. Robos, atracos, homicidios y extorsiones se han convertido en parte del paisaje urbano, especialmente en las grandes ciudades. Lo más preocupante no es solo el aumento de ciertos delitos, sino la normalización del miedo.
Hoy, muchos colombianos modifican su forma de vestir, sus horarios y hasta sus rutas diarias para reducir riesgos. Vivir en alerta permanente se ha vuelto una estrategia de supervivencia. Cuando una sociedad se acostumbra a vivir así, algo profundamente grave está ocurriendo.
El discurso oficial suele minimizar la percepción ciudadana, atribuyéndola a exageraciones mediáticas. Pero la percepción también es una forma de realidad. Si la gente se siente insegura, el Estado ha fallado en su función más básica: garantizar la vida y la integridad.
Parte del problema radica en una política de seguridad ambigua. El temor a ser tildado de autoritario ha llevado a una parálisis institucional. Defender los derechos humanos no es incompatible con ejercer autoridad. Al contrario, la ausencia de control favorece a quienes vulneran esos derechos todos los días.
La impunidad es otro factor clave. Cuando los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, el mensaje es devastador. No se trata de llenar cárceles indiscriminadamente, sino de garantizar que la ley tenga consecuencias reales.
Además, la inseguridad no se resuelve solo con más policías. Se necesita prevención, educación, oportunidades laborales y recuperación del tejido social. Pero estos procesos son lentos y requieren continuidad, algo que suele chocar con la lógica cortoplacista de la política.
Aceptar la inseguridad como algo inevitable es rendirse. Colombia no puede resignarse a vivir con miedo. Recuperar la tranquilidad no es un lujo, es un derecho. Y exigirlo no nos hace intolerantes, nos hace ciudadanos.
