Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario a siete miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y a dos particulares, quienes hacían parte de una red delincuencial acusada de exigir dinero a los internos y a sus familiares para permitirles el ingreso a la cárcel La Modelo de Bogotá por diferentes conceptos.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional de Bogotá les imputó a estas personas, según el grado de participación posible, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión; y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.
Los procesados son: los oficiales César Augusto Moreno Hidalgo, Christopher Mauricio Salcedo Cuadros, Luis Fernando Bustos Galindo, Jonathan Javier Sánchez Quiroga, Julio Humberto Oviedo España y Álvaro Castro Quinayas; y los particulares Leidy Stefanía López Sánchez, Rosimary Giraldo Montoya y Daniel Mauricio Barrios.
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Las pruebas obtenidas, en un trabajo conjunto con el grupo GAULA de la Policía Nacional, muestran que los oficiales habrían accedido a permitir el paso de alucinógenos, licor, cigarrillos y celulares que eran vendidos a los privados de la libertad. Igualmente, se demostró que al parecer también permitían que se hicieran llamadas extorsivas.
Por otra parte, se conoció que las dos mujeres presuntamente acopiaban y ocultaban los elementos prohibidos y restringidos según el reglamento penitenciario en casetas ubicadas en inmediaciones de La Modelo.
Durante la investigación se realizaron dos registros y allanamientos en las casetas de vigilancia del penal, donde se incautaron teléfonos celulares, paquetes con objetos personales, tarjetas sim, una máquina gramática, marihuana y bebidas alcohólicas.
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