El Concejo de Neiva quedó en el centro de la controversia tras emitir un concepto jurídico que descarta la presunta inhabilidad de Cristian Renato González Pérez como aspirante a la Contraloría Municipal para el periodo 2026-2029. La decisión, firmada el 18 de diciembre de 2025, ha generado reacciones encontradas, pues sectores ciudadanos consideran que el análisis favorece políticamente al ternado y minimiza las observaciones presentadas.
El documento fue elaborado por el abogado Nicolás Gutiérrez Quintero, asesor jurídico del Concejo, quien evaluó las impugnaciones sustentadas en que González habría ocupado cargos públicos o intervenido ante la administración municipal dentro del año previo a la elección. La principal referencia fue su paso por un cargo administrativo en el Hospital Universitario de Neiva, situación que despertó alertas sobre posibles incompatibilidades.
Observaciones
Según el concepto, las observaciones ciudadanas no logran configurar una inhabilidad real, al ampararse el análisis en el principio de legalidad estricta. El jurídico sostuvo que las inhabilidades deben estar expresamente señaladas en la ley y no pueden deducirse por analogía. Esta postura, aunque jurídicamente válida, ha sido cuestionada por considerarse excesivamente formalista frente al espíritu del control fiscal.
El pronunciamiento también cita jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, enfocada en delimitar las prohibiciones para quienes ejercieron cargos en el nivel ejecutivo local. Para el asesor, González no detentó autoridad civil, política ni administrativa en el municipio, argumento que refuerza la tesis de su elegibilidad, pero que no convence del todo a sectores críticos del proceso.
Otro punto clave del concepto es la aplicación del mandato pro homine, principio según el cual, ante la duda, debe privilegiarse el derecho fundamental a ser elegido y el principio democrático. Esta interpretación ha sido vista por algunos concejales y veedores como una justificación conveniente, que desplaza la discusión ética y política sobre la independencia que debe tener quien aspire a vigilar los recursos públicos.
En su conclusión, el asesor jurídico recomienda mantener la terna y continuar el proceso de elección, al considerar que las impugnaciones carecen de sustento jurídico. Sin embargo, la polémica persiste. Para la opinión pública, el caso no solo pone a prueba la legalidad del procedimiento, sino también la voluntad política del Concejo para garantizar transparencia y credibilidad en la elección del próximo Contralor de Neiva.
