Este 14 de septiembre se cumple un año de la detención de Manuel Alejandro Tique, un ingeniero civil colombiano de 33 años que trabajaba para el Consejo Danés para Refugiados en Venezuela. El joven fue arrestado en el estado Apure por la Dirección de Contrainteligencia Militar y desde entonces su familia en Bogotá no ha podido comunicarse con él.
Tique había ingresado al país vecino en una misión humanitaria, pero el régimen de Nicolás Maduro lo presentó un mes después como “mercenario colombiano”, acusación que hasta el momento no ha sido respaldada con pruebas. Desde entonces permanece recluido en una prisión venezolana, sin derecho a defensa privada ni contacto con sus familiares.
Su hermana, Diana Tique, aseguró que la falta de información ha sido devastadora: “No tenemos confirmación de dónde está ni por qué lo tienen detenido. No hemos podido contactarnos con él ni garantizarle asistencia jurídica”. Por su parte, su padre, Víctor Manuel Tique, describió la situación como “una tragedia”, recordando además que la madre del joven falleció de cáncer meses antes de su detención.
El caso de Manuel Alejandro no es aislado: al menos 37 colombianos más permanecen privados de la libertad en Venezuela bajo cargos de terrorismo o vínculos con grupos armados ilegales. Sus familias claman por gestiones efectivas del Gobierno colombiano y por la solidaridad internacional para lograr la liberación de sus seres queridos.
Entre tanto, la familia de Tique mantiene la esperanza. “Decirle que aquí lo estoy esperando, que salga bien de allá y que el gobierno pueda hacer algo. Aquí estamos luchando por eso”, afirmó su padre, en un mensaje cargado de fe y resistencia.
