El reciente informe presentado por la Defensoría del Pueblo sobre el seguimiento al cese al fuego bilateral decretado por el Gobierno Nacional con diversos grupos armados ha dejado al descubierto una cruda realidad, especialmente para los habitantes del departamento del Cauca, que desde hace años enfrenta las consecuencias del conflicto armado. A pesar de los acuerdos de paz que se han firmado, el informe destaca la falta de garantías para la población civil sigue siendo una preocupación latente para el Cauca.
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, resaltó la gravedad de la situación al afirmar que la población civil es la principal víctima, viéndose afectados en sus derechos fundamentales como la vida, integridad, libertad y seguridad. Según el informe, se registraron 236 acciones violentas durante el cese al fuego, siendo 34 de ellas acciones directas con la fuerza pública y las restantes 202 correspondientes a acciones indirectas entre los grupos armados, constituyendo claras infracciones al derecho internacional humanitario.
El departamento del Cauca, sumergido en una crisis prolongada, fue el más afectado, con 21 de las 34 acciones directas. Específicamente, el municipio de Corinto se destacó como el más golpeado, con cinco acciones directas, seguido por Suárez, Patía y Buenos Aires, con tres cada uno. También se evidenció la vulnerabilidad de otras regiones como en Argelia, que registraron múltiples acciones directas.
Este dato subraya la fragilidad de la situación en el territorio del Cauca, donde a pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz, persisten las hostilidades que amenazan la vida y seguridad de los residentes de las comunidades caucanas.
En este sentido sobre sale la urgente necesidad de tomar medidas efectivas para consolidar la paz en la región. El cese al fuego, que debería haber proporcionado un respiro a la población, se convierte en un llamado de atención para reforzar la implementación de los acuerdos, así como para fortalecer la presencia y capacidad del Estado en áreas vulnerables.
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