La muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, ocurrió la madrugada del 31 de octubre tras una agresión registrada en las cercanías de un establecimiento nocturno en la localidad de Chapinero, Bogotá. Según las investigaciones y reconstrucciones oficiales, la víctima recibió golpes severos que le causaron un trauma craneoencefálico y su fallecimiento horas después en un centro asistencial.
Durante las primeras indagaciones las cámaras de seguridad —tanto del establecimiento como de la vía pública— registraron la agresión, en la que participaron al menos dos hombres. A partir de esas grabaciones y testimonios, la Fiscalía logró la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, a quien se le imputó el delito de homicidio agravado en calidad de coautor. Sin embargo, un segundo señalado, identificado en los reportes periodísticos como Ricardo González (o variantes del apellido en versiones iniciales), permanece prófugo y, según un informe reservado que difundió una unidad investigativa, tendría vínculos de residencia y origen en Cartagena.
El informe reservado —al que tuvieron acceso medios— recopila antecedentes y declaraciones que ubican al ahora buscado en diferentes escenarios previos y posteriores al hecho: testigos del sector y comerciantes relataron haberlo visto comentar la pelea y, según versiones periodísticas, habría manifestado en círculos cercanos que “la había embarrado”, frase que algunos testigos interpretaron como confesional. Ese dossier también incluye cotejos de identidad y señalamientos sobre posibles rutas de desplazamiento hacia la región Caribe, lo que explicaría que las autoridades concentren parte de la búsqueda en Cartagena y zonas aledañas.
El contexto en el que ocurrió la agresión suma factores que han tensionado el caso: la riña habría tenido origen tras la salida de una fiesta de Halloween organizada en un bar conocido como Before Club, ubicado en la calle 64 con Avenida Caracas (Chapinero). El lugar, que en los últimos días ha estado en el centro de las investigaciones por haber sido el escenario desde el cual salieron las víctimas y agresores, ha declarado su disposición a colaborar, aunque también señaló que el hecho ocurrió fuera del perímetro de operación del establecimiento. Por su parte, las autoridades ordenaron medidas administrativas —incluido un sellamiento temporal— y recolectaron pruebas que los investigadores consideran clave, como videos de cámaras cercanas y declaraciones de asistentes.
El informe reservado añade detalles sobre la dinámica de la agresión: describe que la víctima fue alcanzada por golpes repetidos, algunos en la vía pública y otros en la acera aledaña, y que la intervención de transeúntes y una mujer testigo fue documentada en audios y videos. La Fiscalía y la Policía analizan, además, las versiones sobre si hubo un desencadenante previo —como una discusión por un taxi o una confrontación dentro del bar—, lo que forma parte de la hipótesis que los investigadores contrastan con las pruebas materiales.
En cuanto a la investigación penal, las autoridades han avanzado en la imputación y en la solicitud de medidas de aseguramiento contra los detenidos; mientras tanto, la búsqueda del prófugo continúa. Fuentes judiciales han señalado que si se confirman las evidencias de videos y testimonios, la persona capturada podría afrontar cargos que requieren penas elevadas por homicidio agravado. Paralelamente, la Fiscalía continúa recolectando pruebas —peritajes forenses, registros de telefonía, imágenes y testimonios— para robustecer el material probatorio que se presentará en la etapa de juicio.
Repercusiones públicas y política: el caso ha generado impacto social y político. Las conexiones del local (Before Club) con la congresista María del Mar Pizarro —por su relación con la propiedad del bar según reportes de investigación— provocaron debate sobre responsabilidades de los establecimientos nocturnos, control de aforos y la necesidad de protocolos de seguridad en eventos estudiantiles. Autoridades locales y universitarias han anunciado colaboración con las investigaciones y medidas preventivas para evitar hechos similares.
¿Qué significa el hallazgo de su residencia en Cartagena?
Que el señalado prófugo tenga vínculos en Cartagena complica la búsqueda y requiere coordinación interinstitucional entre las autoridades de Bogotá y la Policía Nacional en la Costa Caribe. Además, abre la posibilidad de que el señalado pueda utilizar redes de apoyo locales para ocultarse, lo que explica la circularización de alertas y la revisión de cámaras y registros migratorios internos. Las fuentes consultadas en el informe subrayan la importancia de las pruebas científicas y periciales para sostener cualquier acusación más allá de versiones testimoniales.
Estado actual y siguientes pasos para la justicia:
- Recolección y peritaje de material videográfico y forense.
- Análisis de comunicaciones y movilidad del prófugo.
- Entrevistas a testigos presenciales y a asistentes del evento.
- Coordinación con autoridades de Cartagena para acotar rutas de fuga.
La Fiscalía ha reiterado que no escatimará recursos para localizar y judicializar a todos los responsables, y que el objetivo es avanzar hacia un juicio con pruebas sólidas que permitan establecer responsabilidades penales y administrativas.
