Informe ante la Asamblea Departamental sobre la situación financiera de hospitales y empresas sociales del Estado en Nariño

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La directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN), Ana Belén Arteaga Torres, junto a la secretaria General, Adriana Moreno, presentaron recientemente un informe detallado sobre la situación financiera y administrativa de varios hospitales y empresas sociales del Estado en el departamento ante la Asamblea Departamental de Nariño. En este informe, se incluyeron los centros de salud más relevantes como el Hospital Civil de Ipiales, el Eduardo Santos de La Unión, el Cehani, el Universitario Departamental y el Hospital San Andrés de Tumaco.

A pesar de los retos que enfrenta el sistema de salud en Nariño, el informe destacó que, durante la vigencia de 2024, las entidades de salud y los hospitales han mostrado un desempeño positivo, con mejores resultados en facturación y recaudo, así como ingresos positivos por la venta de servicios. Sin embargo, la situación financiera sigue siendo preocupante debido al crecimiento de la cartera en las entidades de salud, que sigue aumentando y envejeciendo.

Ana Belén Arteaga, directora del IDSN, mencionó que una de las causas principales de este aumento en la cartera se debe a una directriz emitida por la Contraloría, la cual impide que se paguen deudas anteriores a través de la Unidad de Pago por Capitación. “El sistema sigue generando una presión económica adicional”, afirmó Arteaga.

Otro aspecto señalado fue el cumplimiento parcial de la obligación de pago de la cartera corriente, que debería llegar al 80%. Sin embargo, según el seguimiento realizado por el IDSN, en Nariño solo se alcanza el 69%. Si bien el IDSN no tiene competencias para sancionar a las EPS por este incumplimiento, la directora explicó que se realiza un informe periódico a la Superintendencia de Salud para que esta emita las sanciones y medidas correctivas correspondientes.

El informe también presentó cifras preocupantes: la cartera reportada a 30 de septiembre de 2024 supera los 800 mil millones de pesos para las EPS, mientras que para los prestadores de servicios de salud, la cifra asciende a 1.7 billones de pesos. De esa cantidad, el 50% corresponde a deuda con más de 360 días de antigüedad, lo que dificulta considerablemente su recuperación.

En conclusión, la sesión de control político culminó con el compromiso de conformar una comisión que viajará a Bogotá para gestionar soluciones ante el Gobierno Nacional, con el fin de mitigar las complicaciones existentes en la prestación del servicio de salud en el departamento de Nariño.


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